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Ángel Ron, quien fuera presidente de Popular durante once años, entre 2006 y 2017, y Santander, la entidad que se quedó con el banco tras su resolución, se han visto las caras esta semana por primera vez en un proceso judicial. El tema de debate es el bonus que Ron tiene congelado, que debía cobrar desde su cese hasta su jubilación y que asciende a unos 12,8 millones de euros. El banco reclama que Mapfre, la compañía encargada de la gestión de esta prejubilación, no se la abone y el exdirectivo acusa a Santander de responsabilizarle de las pérdidas del banco para evitar que cobre esta compensación.
Dos años después de que las autoridades europeas decidieran resolver el banco, la batalla legal sobre el fin de Popular como entidad independiente sigue su curso. La compra del banco por Santander se produjo en la madrugada del 6 al 7 de junio de 2017, pero Ron salió de la entidad casi cuatro meses antes, dejando el timón del banco en manos de Emilio Saracho. Con su cese, adquirió el derecho a cobrar una compensación por jubilación hasta que cumpla los 65 años, lo que ocurrirá dentro de ocho.
El bonus de la discordia son 12,8 millones de euros que Santander cree que el exdirectivo no tiene derecho a cobrar al considerar que forman parte de una compensación por jubilación concedida tras la extinción de su contrato y que deben ser considerados como parte variable de su retribución. El banco, tras la iniciativa del propio Popular, quiere que se activen las cláusulas clawback (permite a la empresa recuperar lo pagado) y malus (obliga al directivo a perder el derecho a cobro en el futuro), habituales en los contratos de los altos directivos, vistos los malos resultados de la entidad en sus últimos trimestres como entidad independiente.
Para ello, la entidad que preside Ana Botín interpuso una demanda contra el exbanquero con el objetivo de reclamar lo ya cobrado y evitar pagos futuros, como hizo también con Francisco Gómez, exconsejero delegado de Popular, al que pide 9 millones de euros.
En el momento del cese de Ron, Popular decidió externalizar el pago de esta compensación y traspasarla a una póliza de seguro. Eso explica que en esta disputa esté presente Mapfre, que es la compañía aseguradora que gestiona el cobro de esta cantidad desde que Ron dejó el banco el 20 de febrero de 2017.
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Las tres partes se han visto las caras el martes y el miércoles en un juzgado de Madrid durante la celebración de la vista oral del caso. Han asistido, por tanto, a las declaraciones de exdirectivos de la entidad, como Roberto Higuera, exvicepresidente de Popular, Francisco Aparicio, exsecretario del consejo, y Carlos Balado, exdirector de comunicación, así como de dos peritos propuestos por la defensa de Ron.
Durante el turno de conclusiones de esta vista oral, la defensa de Ron, ejercida por Pilar Martínez con asesoramiento de Bufete Choclán Montalvo, acusó a Santander de tener un “interés contrapuesto” en dirigir la responsabilidad de las pérdidas de la entidad (3.485 millones en 2016, cuando aún Ron era presidente, y 12.218 millones en el primer semestre de 2017, tras la resolución y venta con que finalizó la etapa de Saracho) a los antiguos gestores y, particularmente, a Ron.
Esta defensa considera que solamente puede rescatarse la póliza firmada con Mapfre si se demuestra con una sentencia que Ron vulnera la cláusula de no competencia incluida en su contrato, un aspecto "gravosísimo" para el exbanquero, dado que implica que no puede trabajar en otra entidad durante once años. Esta parte defiende que la retribución de Ron cumple con la legislación vigente.
CLÁUSULAS CLAWBACK Y MALUS
Santander, por su parte, defiende la aplicación de las cláusulas clawback y malus por la retribución de los ejercicios 2013 y 2014, así como la anulación de la compensación por jubilación de Ron por causas objetivas, que son, fundamentalmente, los malos resultados del banco antes de la resolución.
Según explicó el letrado de la entidad durante la vista, esta compensación, que implica el pago de 1,1 millones al año, cuenta como retribución variable, afirmación que apoya en la regulación del Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el propio contrato de Ron. Para la defensa de Santander, ejercida por Uría Menéndez, no existe “un solo documento” que pruebe que esta retribución deba considerarse como fija y, por tanto, existe el derecho de aplicación de las cláusulas.
La defensa del banco justificó durante el turno de conclusiones que tanto Aparicio (el exsecretario del consejo) como el perito que había analizado la aplicación de las cláusulas clawback y malus reconocieron el carácter indemnizatorio y, por tanto, variable, de esta compensación por jubilación por extinción del contrato de trabajo. Más allá de este debate, Ron tendrá derecho al pago de su plan de pensiones a partir de los 65 años, aunque la aseguradora encargada de esta gestión será Allianz, no Mapfre.
VISTO PARA SENTENCIA
Tras la vista oral, que ha durado dos días, el procedimiento ha quedado visto para sentencia. La jueza deberá decidir si la aplicación de las cláusulas clawback y malus por parte de Santander es correcta y si la compensación por prejubilación de Ron debe suspenderse o descongelarse.
Las defensas de Ron y de Mapfre han solicitado la desestimación de la demanda que interpuso Santander contra el exdirectivo y la imposición de las costas a la entidad. La sentencia podría tardar algunos meses en llegar y se solapará con otros procedimientos abiertos, como la causa penal en la que trabaja la Audiencia Nacional y que podría empezar a llamar a testigos en la fase de instrucción pasado el verano.
