El Ministerio para la Transición Ecológica ha cumplido su palabra, pero con condiciones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recuperará las competencias que le fueron arrebatadas en 2014 por el Gobierno del PP para fijar, entre otras labores, los peajes y cánones que se aplican cada año para establecer tanto la tarifa eléctrica como la de gas. Sin embargo, la CNMC deberá dar cumplimiento a estas competencias teniendo en cuenta las prioridades estratégicas que marque el Gobierno en materia energética, una competencia exclusiva del Estado.
Estas prioridades estratégicas se traducirán en unas orientaciones de política energética que definirá el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En estas orientaciones se tratarán aspectos como la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia de suministro, la calidad del aire o la gestión de la demanda, entre otras cuestiones.
La devolución de las competencias se realizará a través del Real Decreto Ley que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros y que tiene como objetivo adecuar las competencias de la CNMC a la normativa comunitaria, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes.
MECANISMO DE COOPERACIÓN
La CNMC asumirá estas nuevas competencias desde que entre en vigor el Real Decreto Ley. En el caso de los peajes, el regulador tendrá que realizar una circular en 2019 para la fijación de las tarifas correspondientes a 2020, igual que hizo el Ejecutivo su propuesta, informada por la CNMC, el pasado mes de diciembre para el año en curso.
Previamente a las circulares que emita la CNMC, tanto el Gobierno como el regulador deberán desarrollar las metodologías para el cálculo de los cargos y retribuciones reguladas -en el caso del Ejecutivo-, y cánones y peajes de acceso -en el caso de la CNMC-, cuestión en la que ya están embarcadas ambas instituciones y que deberán estar listas antes de que acabe 2019.
La clave de este trasvase de competencias está en que el Ejecutivo, en caso de discrepancia con la CNMC, puede convocar una Comisión de Cooperación con la finalidad de buscar el entendimiento entre ambas partes. Antes de que la CNMC tramite las circulares normativas, el Ejecutivo podrá emitir un informe sobre su adecuación a las orientaciones propuestas. Si no es así, se convocará esta Comisión que estará formada por tres miembros de Competencia y tres de la Secretaría de Estado de Energía, nombrados por el presidente del regulador y la ministra para Transición Ecológica.
En el caso de que no existan discrepancias o se alcance un acuerdo en el seno de la Comisión de Cooperación, la circular de la CNMC indicará que se aprueba "de acuerdo con las orientaciones de política energética del Miteco". En caso de no exista acuerdo, la circular deberá indicar que se adopta "oído el Miteco".
REPARTO DE COMPETENCIAS
Además de la determinación de las prioridades en materia energética de acuerdo con el mandato constitucional, el Ejecutivo aprobará las reglas y supervisará que se aplican las medidas necesarias para garantizar el suministro en situaciones de emergencia.
De igual modo, será competente en la aprobación de la estructura de los cargos, su metodología y sus valores; y mantiene la función planificadora de las redes de transporte, conforme a las recomendaciones que podrá hacer la CNMC.
De igual modo, el regulador aprobará las retribuciones de las actividades de transporte y distribución de gas y electricidad y de las plantas de gas natural licuado. También se encargará de la retribución del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista.
Además, serán de su competencia la metodología y condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural; las reglas de funcionamiento de los mercados organizados en aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad regulatoria nacional, de conformidad con las normas del derecho comunitario europeo; y el control de los planes de inversión de los gestores de la red de transporte, pudiendo hacer recomendaciones para su modificación.
Así, el Ministerio considera que con este nuevo reparto competencial se garantiza la seguridad jurídica a la ciudadanía y a los agentes del sector energético y valora que supone "una buena noticia para los consumidores y todos los agentes que forman parte de un sector como el energético".
Gobierno y CNMC contarán con un periodo transitorio máximo de cuatro años para la adaptación de manera gradual de estos cambios de metodología y de este reparto competencial.