La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anticipado que habrá cambios en la tarifa regulada PVPC de la factura de la luz con el objetivo de estabilizar su precio, descartando a su vez la propuesta de sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, para intervenir en el mercado mayorista.
"Este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario", ha zanjado la vicepresidenta tercera, que cree que "eso es lo peor que se puede hacer", según sus palabras en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido a petición propia para explicar la situación con el precio de la electricidad.
Así, Ribera ha subrayado que existe una "prohibición expresa" en el derecho comunitario para fijar precios, establecer máximos o mínimos y también la obligación de aplicar precios marginales, tal y como solicitaban desde la formación morada.
Pese a ello, ha asegurado que el Gobierno dará "la batalla política" para conseguir mecanismos con los que rebajar la factura a los consumidores, aún a costa de los beneficios empresariales. Es en este ámbito donde ha encuadrado el Fondo Nacional de Sostenibilidad y los mecanismos aprobados para rebajar los llamados 'beneficios caídos del cielo'. Ambas medidas acaban de iniciar su tramitación en el Congreso.
Asimismo, Ribera ha anunciado que habrá cambios en la tarifa PVPC para desvincularla del mercado mayorista, al que está directamente indexada, provocando que los máximos que se han alcanzado en agosto impacten en la factura de los consumidores.
La ministra ha explicado que el coste de la luz para los hogares se ha incrementado un 25% desde el "récord de precios bajos" de 2020.
Ribera también ha respaldado la propuesta de varios partidos, como Más País, Compromís y Nueva Canarias, para crear una comisión de investigación para indagar en el aumento desmesurado de la electricidad en el mercado mayorista. Además, ha anunciado que la suspensión del impuesto a la generación se va a extender hasta el último trimestre del año.
Sobre las hidroeléctricas ha dicho que es "escandalosa" la reducción de algunos volúmenes de agua en determinados embalses y cree que "no es descartable que sea compatible con las cláusulas concesionales". Pese a que sea legal, la ministra ha reprochado a las compañías eléctricas su comportamiento porque no han mostrado "empatía social".
