Las empresas de energías renovables respiran en bolsa después de que se haya publicado que el Gobierno estudia matizar las medidas para contener el precio de la luz, con el objetivo de excluir a determinados proyectos de renovables de los recortes que se plantean en el decreto- ley.
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El Ejecutivo podría excluir de esta medida a los contratos bilaterales o PPA, aquellas instalaciones con coberturas de precios y contratos privados de compraventa de energía. Con la entrada en vigor del decreto-ley, muchas plantas en España se podrían ver abocadas a vender con pérdidas, a denunciar los contratos e, incluso, a paralizar su producción durante el periodo de vigencia de la norma.
"De confirmase esta matización", explican los analistas de Bankinter, "serían buenas noticias para el sector de renovables". Las instalaciones bajo PPAs tienen firmados contratos de compraventa de electricidad a largo plazo a precios mucho más bajos de los marcados actualmente por el pool, explican.
Por tanto, añaden, los PPA no se benefician de la subida del pool y aun así estarían sujetos a la norma. Estas instalaciones están vendiendo la electricidad a un precio en el entorno de 45 /50 euros /MWh, muy por debajo del precio del pool actual (166 €/MWh).
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"Sin embargo, de aplicarse la norma, al precio actual del gas de 64MW/h (-44 euros por encima del tope de 20€ establecido por el Gobierno), estas instalaciones deberían devolver el equivalente a 58 euros /MWh del precio de electricidad por este exceso.
Es decir, no solo no se beneficiarían de la subida, sino que tendrían que incurrir en una pérdida de entre 8 o 13 euros/MWh en la venta de electricidad. En total, hay unos 5.000 millones de euros en contratos de PPA en las renovables que, además, funcionan como garantía bancaria, con lo cual el problema también es financiero", comentan estos expertos.
"El sector, sobre todo de renovables, debería de recibir positivamente estas noticias. Al ser excluidos de la norma, los PPA se verían liberados de vender la electricidad con pérdidas o de tener que paralizar su producción durante la vigencia del decreto-ley.
Además, los PPA podrían seguir sirviendo de garantía bancaria y se facilitaría el desarrollo y financiación de nuevos proyectos. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria creada y la inseguridad jurídica podría seguir afectando negativamente y aumentar la volatilidad en el sector", concluyen.