Durante meses, las autoridades europeas y españolas han defendido que Popular no podía haber abierto sus oficinas el 7 de junio de 2017 por falta de liquidez. Y así lo demuestra un informe confidencial del Banco de España fechado el 23 de junio de 2017, 17 días después de la resolución de Popular, al que ha tenido acceso Bolsamanía. El documento deja claro que, gracias a las inyecciones de liquidez de emergencia, Popular habría tenido en la mañana del 7 de junio un saldo positivo de 600 millones de euros que, no obstante, habría resultado insuficiente para hacer frente al día, pues tenía orden de reembolsar a sus clientes minoristas depósitos por 1.300 millones de euros.
Solamente el día 6 de junio de 2017, la entidad vio salir de sus cuentas 2.100 millones de euros y, como explica el Banco de España en su informe, tenía “en cola” para el día siguiente “salidas por reembolsos de depósitos de clientes minoristas por importe de otros 1.300 millones”. Durante el propio día 6 de junio, de hecho, Popular se vio obligado a posponer varios pagos que fue ejecutando según recibía inyecciones de ELA.
Así, aunque al inicio del día 7 de junio la entidad contaba con un saldo positivo de 600 millones de euros, debía hacer frente a los reembolsos de 1.300 millones que le habían pedido sus clientes minoristas. No habría podido afrontarlos, pues se habría quedado con un saldo negativo de 700 millones de euros. Eso teniendo en cuenta solamente los reembolsos solicitados, a los que probablemente se habrían sumado más en vista de la evolución de la liquidez que llevaba sufriendo el banco desde abril.
Para hacerse una idea de la magnitud de las salidas diarias, en los dos meses previos a la resolución (abril y mayo), cuando aún no se había precipitado el fin, las retiradas de depósitos fueron, de media, de 200 y 300 millones de euros diarios. En algunas fechas, llegaron a 800 millones de euros. En los primeros días de junio fueron mucho mayores, de hasta 2.100 millones de euros el día 6 de junio.
VIGILANCIA DE LA LIQUIDEZ
En su informe, el Banco de España reconoce que la entidad comenzó el ejercicio 2017 en “una situación de liquidez holgada conforme a su propia métrica”. Para llegar a esta conclusión, Popular tenía en cuenta el saldo de tesorería disponible en la institución, los activos elegibles para obtener financiación en operaciones de política monetaria en manos del Banco de España excluyendo los necesarios para garantizar esa financiación y los que estaban en el propio balance del banco, así como otros activos que la entidad consideraba “altamente líquidos”.
El Banco de España monitorizó de forma continuada la evolución de la liquidez desde marzo, tres meses antes de la resolución. Concretamente, vigilaba “con una frecuencia elevada y creciente” el saldo de tesorería en el Banco de España de Popular y sus activos elegibles en la institución, que son los dos componentes de los antes mencionados sobre los que el Banco de España tenía una capacidad de observación directa.
El Departamento de Sistemas de Pago de la institución analizaba la evolución de esta liquidez y remitía la información al director general o al director del Departamento de Operaciones en su ausencia, que informaban al gobernador, al subgobernador y al director general de Supervisión.
Las salidas de depósitos fueron continuadas ya desde abril, con una pérdida media diaria de unos 200 millones de euros en abril y de 300 millones en mayo, un mes en el que algunos días las salidas diarias fueron superiores a 800 millones de euros. Popular se había puesto un límite para pedir el ELA: que su liquidez se situara por debajo de 3.000 millones de euros de forma estable, no puntualmente. Ese momento llegó el 2 de junio de 2017 (viernes), cuando el banco decidió solicitar el ELA, una petición que se materializó el día 5.
Ese lunes no solo el banco pidió y recibió una línea de liquidez de emergencia, sino que horas después solicitó una ampliación de la misma. En total, el banco reclamó al Banco de España 9.500 millones de liquidez de emergencia, a los que el Banco Central Europeo (BCE) dio su visto bueno a cambio de mayores provisiones, pero que no llegaron a entregarse, pues Popular solamente presentó garantías por 3.800 millones.
