Emilio Saracho ha inaugurado la ronda de declaraciones del caso Popular. El expresidente de la entidad ha cargado contra la gestión de su predecesor en el cargo, Ángel Ron, pero no directamente. Entre otras acusaciones, ha señalado a Francisco Gómez, quien fuera consejero delegado durante el mandato de Ron, de ordenar la financiación de las compras de acciones por parte de los clientes, según informan fuentes jurídicas presentes en la declaración.
Precisamente, la Audiencia Nacional investiga, a raíz de una denuncia remitida por la Fiscalía Anticorrupción, la presunta financiación ilegal de la ampliación de capital que el banco lanzó en mayo de 2016 por unos 2.500 millones de euros, como publicó El Confidencial. Según la misma, el banco habría concedido a sus clientes créditos para que pudieran comprar acciones del banco en esta operación y este miércoles, ante el juez instructor del caso Popular, José Luis Calama Teixeira, Saracho ha responsabilizado de esta acción a Francisco Gómez.
El ex consejero delegado, que ostentó este cargo entre 2013 y 2016, tendrá oportunidad de defenderse de estas acusaciones dentro de un par de semanas, pues está citado a declarar ante el juez, también como imputado, los próximos 15 y 16 de octubre. Gómez dejó el cargo de consejero delegado de Popular después de que el banco lanzara esta ampliación de capital. El consejo de administración de la entidad lo echó del banco a través de una prejubilación cuando tenía tan solo 52 años.
El expresidente de Popular, que ha estado unas cinco horas respondiendo a las preguntas del juez y el fiscal, ha defendido que hizo lo correcto durante su corta gestión en Popular, que duró poco más de cien días, teniendo en cuenta cómo estaba el banco cuando aterrizó en la presidencia. Según explican fuentes presentes en la declaración, Saracho ha explicado al juez que en el "par" de reuniones que mantuvo con Ron antes de asumir la presidencia su antecesor en el cargo no le contó al detalle la situación del banco, aunque era consciente de que estaba mal.
FILTRACIONES
En cuanto a la existencia de presuntas filtraciones encaminadas a minar el precio de la acción, que es lo que centra la segunda pieza de la causa penal, la única que afecta a Saracho, el expresidente de Popular ha reconocido ante el juez que hubo alguna, pero que desconoce de quién procedió.
Fuera del banco, una de las declaraciones más comprometidas en relación con el banco fue la que la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, efectuó en Bloomberg primero y en Reuters después al reconocer que el organismo estaba vigilando la evolución de la entidad, unas palabras que, junto a otras actuaciones, desataron una crisis de liquidez que llevó al banco a la resolución.
Saracho ha explicado al juez que se puso en contacto con König tras estas declaraciones para preguntarle por ellas y la presidenta del organismo, que días después sería el encargado de decidir someter al banco a resolución, le manifestó que no había dicho exactamente esas palabras, según añaden otras fuentes presentes en la declaración.
Saracho se incorporó oficialmente al banco el 20 de febrero de 2017, después de que el consejo de administración decidiera echar a Ángel Ron. Fue Reyes Calderón, consejera de la entidad, la que ofreció al exbanquero de inversión el puesto, en un principio como una presidencia no ejecutiva "de una empresa del Ibex 35".
El expresidente de Popular ya relató durante su comparecencia en el Congreso en julio de 2018 cómo se produjo su fichaje, si bien entonces profundizó al explicar que en un principio se negó ha coger el cargo. No le dijeron de qué empresa se trataba, pero lo supo en cuanto le comentaron que se trataba de un banco. "Era evidente cuál era", apuntó entonces.
