Popular: los peritos dan pie a devolver la ampliación y ponen en apuros al BdE

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1. ÁNGEL RON, EL GRAN CULPABLE

Sin duda, el que tiene un peor horizonte penal es Ángel Ron, bajo cuyo mandato se siguió la estrategia de la 'patada a seguir' que describen con gran detalle los peritos Santiago Ruiz-Clavijo Ruiz y Pablo Hernández Romeo: ocultación de la morosidad de los créditos refinanciados (incluso cuando habían refinanciado dos veces), tasaciones infladas y sin seguir las exigencias del supervisor, liberación de provisiones cuando tenía un enorme déficit de saneamientos respecto al sector (esto quizá sea lo más sangrante), etc.

Los expertos relatan que "el 15 de julio de 2014, el Banco de España, como resultado del seguimiento del cuarto trimestre de 2013, requirió al Banco Popular que revisara estos criterios. En la Comisión de Auditoría de 23 de julio de 2014 se acordó no atender ese requerimiento". En diciembre de ese año, el BCE también le pidió que cumpliera las normas internacionales, pero Ron también ignoró a su nuevo supervisor (justo entonces se produjo el traspaso de las competencias de supervisión de los países al BCE).

2. EL BANCO DE ESPAÑA Y EL BCE: ¿POR QUÉ LO CONSINTIERON?

A pesar del celo que ponen los peritos para no criticar a los supervisores, aquí caen en su propia trampa: ¿El Banco de España y el BCE le exigen a un banco que cumple las normas, este les ignora y no le pasa nada? Parece evidente que aquí hay una culpa clara de los supervisores, al menos por dejación de funciones. "Está prohibido robar bancos, pero si la policía te lo permite, pues no te pasa nada", pone como ejemplo un experto en el sector financiero.

Otro explica que "el Banco de España suele dar el primer aviso de forma suave, y eso no está mal porque tampoco es Hacienda. Pero cuando pasa un año y no te hacen caso, no es de recibo que no hagas nada". El problema estaba en que, después del rescate de 2012, el Popular se negaba a reconocer la realidad y la banca presionaba para demonizar a las cajas -incluyendo las sanas como Caixa, Unicaja o Ibercaja- y dar la imagen de que todos los bancos estaban bien. Un mensaje que se quebraría con las pérdidas del Popular. El Banco de España 'compró' esta tesis y permitió a Ron ocultar la realidad e ir haciendo pequeñas ampliaciones para mantener la ficción de solvencia.

Y todavía hay más. Los peritos también concluyen que "cabe indicar que la situación de la entidad a diciembre de 2011 era mala mostrando ratios de mora crecientes, con reclasificaciones significativas identificadas por el equipo de seguimiento del Banco de España pendientes de realizar lo que supondría pérdidas por deterioro significativas". Es decir, ya en 2011 el supervisor era consciente de los problemas y dejó al Popular llegar hasta 2016 sin afrontarlos.

Todo ello implica una posible responsabilidad penal del supervisor, tanto de los equipos de inspección como del gobernador Luis Linde y el subgobernador Fernando Restoy (que también estuvo imputado en el caso Bankia). A buen seguro que el juez José Luis Calama llama a todos ellos a declarar; la cuestión es si los citará en calidad de testigos o de imputados.

3. AMPLIACIONES QUE PERJUDICAN AL INVERSOR

Otra de las críticas que hacen los expertos al informe de los peritos es que justifica las ampliaciones de capital como forma de incrementar los niveles de cobertura. "Lo que se tendría que haber hecho es aflorar las pérdidas y que estas se comieran el capital existente; y después, haber ampliado con el banco limpio (una operación acordeón), como se hizo en Bankia con el rescate o, en su día, en Banesto", según uno de los expertos consultados.

"En cambio, al hacer los saneamientos con las ampliaciones, estaba perjudicando a los nuevos accionistas, que entraban con un canje desfavorable -es decir, muy caro-. Estaban poniendo dinero bueno sobre dinero malo", explica otro. Y eso también lo permitió el Banco de España en dos ocasiones: 2016, que es la que investiga la Audiencia Nacional, y 2012, que el anterior instructor de la causa (Fernando Andreu) decidió dejar fuera y en la que ejercía la supervisión la actual subgobernadora, Margarita Delgado.

4. SANTANDER: A MINIMIZAR EL IMPORTE QUE TENDRÁ QUE DEVOLVER

El Santander, como comprador del Popular, sería el que tenga que devolver los 2.500 millones en caso de condena. Algo que, según numerosas fuentes, tiene más que asumido con el precedente de la devolución de la OPV de Bankia a los minoristas. El banco que preside Ana Botín ha intentado, sin éxito, dejar de estar imputado -como es lógico- y tratará de dejar fuera a los inversores institucionales y a los miembros del núcleo duro del Popular: la sindicatura. Además, ya ha devuelto 764 millones mediante los 'bonos de fidelización' ofrecidos a los pequeños inversores.

5. PWC, ¿TRAS LOS PASOS DE DELOITTE?

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De las 'big four' de la auditoría, PwC era la que menos empresas del Ibex tenía a su cargo. Con la caída en desgracia de Deloitte por su implicación en el caso Bankia, ha captado a numerosas de estas compañías, al igual que KPMG, gracias a su imagen de honestidad absoluta. Ahora, el informe de los peritos cuestiona claramente este mensaje, lo que puede golpear su negocio, aparte de su posible horizonte penal.

6. Y LA CNMV, A INTENTAR SALVAR LA CARA

No solo el Banco de España está implicado en el escándalo del Popular, sino que la CNMV -el supervisor de los mercados- también tiene su parte, ya que autorizó la ampliación de 2016 en tiempos el Elvira Rodríguez (y la de 2012) sin mayores problemas. Una ampliación en la que su actual presidente, Sebastiián Albella, fue asesor legal del Popular desde el bufete Linklaters. Y no solo eso, sino que, una vez en la CNMV, Albella no exigió a Saracho la transparencia que habría sido necesaria en la subasta fallida del banco, no prohibió las posiciones cortas (como sí hizo en Liberbank) y permitió claras asimetrías de información entres unos accionistas y otros.

Para salvar la cara por esta actuación y presentarse como otra víctima del engaño, Albella emitió un informe sobre las cuentas de 2016 -en contradicción con la defensa de la CNMV en el caso Bankia, que asegura que no tiene competencias para revisarlas- en el que concluye que el Popular era insolvente y que reconocerlo habría adelantado su final a abril de 22017.