Mientras Popular experimentaba en sus últimas horas una fuerte crisis de liquidez, la entidad fue ofreciendo al Banco de España activos como garantía para recibir liquidez de emergencia (ELA), algunos de los cuales estaban duplicados, mal clasificados y sin información suficiente. Además, experimentó dificultades para aportar toda la documentación necesaria sobre algunos activos. El Banco de España acusa a los gestores del Popular, encabezados por Emilio Saracho, de no ser capaces de solucionar estas complicaciones a tiempo, lo que, entre otras razones, impidió que se le pudieran conceder los 9.500 millones de euros de liquidez de emergencia que solicitó.
“En ese momento [el 5 de junio de 2017], la entidad no estaba en disposición de llevar a cabo de forma inmediata las actuaciones pendientes que se había comprometido a llevar a cabo para presentar como garantías sus acciones y participaciones en distintas sociedades”, señala el Banco de España en un informe fechado el 23 de junio de 2017 incluido en el sumario del caso Popular y al que ha tenido acceso Bolsamanía.
En el mismo documento, la institución entonces gobernada por Luis María Linde apunta que “los archivos con información sobre préstamos y créditos normales no hipotecarios a personas físicas contenían huecos y duplicidades aún pendientes de resolver por la entidad”. “Y lo propio cabe decir del archivo de créditos y préstamos dudosos”, añade.
No es la primera vez que el Banco de España culpa a Saracho de la no haber podido darle más liquidez, lo que acabó en la resolución del Popular. En junio del año pasado, el entonces subgobernador Javier Alonso aseguró que la entidad contaba con más garantías para ofrecer a cambio de liquidez pero no las presentó a pesar de estar en situación de vida o muerte. "Sospecho que el banco tenía potencialmente más garantías porque lo que nos trajeron fue relativamente poco; se puede sospechar que tenía más, pero no las hemos visto. ¿Por qué no trajeron más? No puedo responder", dijo.
Fue el caso de los cuatro Certificados de Transmisión Hipotecaria (CTH) que Popular ofreció como garantía. El Banco de España detectó que la información que había recibido sobre ellos no especificaba los datos de inscripción de los préstamos hipotecarios en el Registro de la Propiedad, unos datos necesarios por ley. Popular no pudo aportarlos hasta horas más tarde, en la madrugada del 5 al 6 de junio.
No obstante, al día siguiente, el 6 de junio, el banco continuaba teniendo “dificultades para aportar de forma adecuada toda la información necesaria para que se pudiesen validar los préstamos y créditos incluidos en esa cartera y proceder a la estimación de los recortes [de valor] necesarios”.
Todo en un momento en el que “las tensiones de liquidez eran enormes”, según el Banco de España. Vista la situación, la institución decidió separar los activos bien documentados del resto, lo que le permitió dar el visto bueno a la última inyección de liquidez que recibió Popular, que ascendió a 300 millones de euros. Este último ingreso permitió al banco terminar el 6 de junio con un saldo positivo de 600 millones, aunque con una orden de reembolso de depósitos por 1.300 millones de euros.
UN SIMULACRO DE LIQUIDEZ
Durante las semanas anteriores a la resolución del banco, Popular y el Banco de España mantuvieron varios encuentros para sentar las bases de un hipotético proceso de concesión de liquidez de emergencia. Con el paso de los días, estas reuniones se fueron multiplicando, por lo que ambos decidieron realizar una prueba práctica con el objetivo de testar su agilidad a la hora de ejecutar un proceso de estas características.
Para ello, el banco remitió a la Dirección General de Operaciones del Banco de España datos sobre los activos que potencialmente podrían servir como garantías en un procedimiento de liquidez de emergencia. Concretamente, mandó información sobre valores de renta fija y carteras de préstamos y créditos no hipotecarios.
El Banco de España comprobó que los ficheros contenían archivos que, “en el caso de haberse tratado de un caso real de ELA, no habrían pasado un filtro previo de consistencia”. La institución quería decir con esto que había créditos duplicados o mal clasificados, pues aparecían como ‘normales’ siendo ‘dudosos’. El banco se excusó alegando que se trataba de “envíos masivos” que, añade el Banco de España en su informe, “se justificaban por la naturaleza, informal y de prueba, del ejercicio”.
De esta prueba práctica, el Banco de España extrajo la conclusión de que resulta una tarea compleja tanto procesar adecuadamente la información del banco como estimar los recortes de valoración. No en vano, algunos de los activos eran créditos a pymes y otras empresas y no se disponía de sus estados financieros.
En todo caso, el 29 de mayo se programó un “simulacro de ELA” y la entidad de nuevo comenzó los envíos de información de activos que podrían servir como garantías. “La experiencia sirvió para detectar, una vez más, deficiencias en la información proporcionada por la entidad”, apunta el Banco de España en su informe. En esta ocasión, había créditos mal clasificados.
El ejercicio de simulación se realizó varias ocasiones más tarde con el objetivo de depurar los fallos detectados. El 2 de junio, viernes, la institución había recibido un fichero con 34.919 créditos y préstamos y horas después podía haber firmado el ELA. En cuestión de 45 minutos el banco podría haber recibido los fondos... si no fuera porque se trataba de una simulación. Pero ese día las cosas cambiaron. Fue el momento en el que el consejo de administración decidió formalmente pedir el ELA después de sufrir una fuerte salida de depósitos durante la jornada.
En consecuencia, el sábado 3 de junio se celebró una reunión de emergencia en el Banco de España para analizar los activos que podían ser utilizados como garantía para el ELA de Popular, que presentó activos con valor nominal cercano a 40.000 millones de euros. El banco había vendido ya sus activos más líquidos y entre los que le quedaban había valores de renta fija, más complejos de movilizar. Se descartaron los activos fiscales diferidos (DTA), que “planteaban numerosas dudas en cuanto a su elegibilidad como garantía adecuada y pignorable a favor del Banco de España”.
En esa misma reunión, ya con la petición formal del ELA sobre la mesa, Popular confirmó que la información aportada para el simulacro seguía siendo válida “y esos activos, por tanto, estaban en disposición de ser rápidamente inmovilizados como garantía de ELA”. Esto, dos días después, se volvió en su contra. El lunes 5 de junio, "la entidad estaba experimentando dificultades para aportar a tiempo, en forma y por las cantidades anunciadas una buena parte de los activos sobre los que había informado en la reunión del día 3 de junio", cuenta el informe del Banco de España.
