- De hecho, liberó provisiones del ladrillo en 2014 y 2015
El informe de los peritos del Banco de España sobre el 'caso Banco Popular' es inmisericorde. Santiago Ruiz-Clavijo Ruiz y Pablo Hernández Romeo concluyen que la entidad incumplió la normativa contable nacional e internacional desde 2014, en especial en lo referido a créditos refinanciados y a provisiones por la pérdida de valor de los inmuebles adjudicados. Es más, aseguran que ignoró los requerimientos al respecto del supervisor español y del BCE hasta 2016. Todo ello, con el conocimiento del auditor, PwC.
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"El Banco Popular cambió su política contable en el ejercicio 2014 de tal forma que, en algunos aspectos, dejó de estar alineada con el marco contable del Banco de España, en especial en la cobertura de adjudicados y en los criterios sobre operaciones refinanciadas comunicados por el Banco de España a las entidades en 2013 y revisados en 2014, sin que Banco Popular cumpliese con estos criterios hasta octubre de 2016", concluye el citado informe.
Este incumplimiento de la norma contable durante la presidencia de Ángel Ron en "los años previos se reflejan en el folleto [de la ampliación de capital de 2016], y, por tanto, cuestionan su fiabilidad", que es lo que pretende juzgar la Audiencia Nacional; es decir, si las cuentas del folleto de la ampliación eran fiables y los inversores acudieron a la operación con toda la información necesaria. "Concluimos que la clasificación de las operaciones crediticias no respetaba el marco contable del Banco de España que el Banco Popular dice cumplir en sus Cuentas Anuales de 2015".
A juicio de los peritos, esta "política contable" se tradujo en una disminución irreal de los créditos morosos al no ser considerados como tales los refinanciados (en su mayoría, concedidos a empresas inmobiliarias inviables). También se plasmó en unas tasaciones muy superiores al valor real de los inmuebles, lo que permitió al Popular liberar (desdotar) provisiones en los años 2014 y 2015 pese a tener un claro déficit de cobertura de los activos tóxicos respecto al resto del sector.
NO ATENDIÓ LOS REQUERIMIENTOS DEL BANCO DE ESPAÑA NI DEL BCE
Es más, los peritos aseguran que "el 15 de julio de 2014, el Banco de España, como resultado del seguimiento del cuarto trimestre de 2013, requirió al Banco Popular que revisara estos criterios. En la Comisión de Auditoría de 23 de julio de 2014 se acordó no atender ese requerimiento. En esta reunión participó el entonces auditor de cuentas del Banco Popular, que lo fue hasta diciembre de 2015", es decir, PwC.
"Poco después, el 5 de diciembre de 2014, tras asumir la supervisión directa de la entidad y como conclusión del ejercicio AQR [revisión de la calidad de los activos], el BCE solicitó al Banco Popular que cumpliese con los criterios de la EBA [Autoridad Bancaria Europea] sobre identificación y clasificación de las refinanciaciones (criterios similares a los mantenidos por el Banco de España)", añade el informe. Es decir, tampoco cumplía con los criterios contables internacionales, pese a que eran aplicables a "la contabilidad reservada de las entidades de crédito", algo que estos expertos reiteran en numerosos pasajes del texto.
REFINANCIADOS DOS VECES, TASACIONES ILEGALES...
Respecto a los refinanciados, llama la atención de los peritos que el Popular no considerase morosos ni siquiera créditos que había refinanciado dos veces, en contra del Banco de España y de la EBA. Al contrario, la respuesta de Ron fue "criticar una excesiva visión retrospectiva sobre las refinanciaciones pasadas en lugar de mirar a futuro".
En el apartado de adjudicados, los peritos encuentran que el Popular encargaba la tasación de sus inmuebles a "empresas no homologadas por Banco de España y/o que no cumplían los requerimientos de la Orden ECO" [una metodología de tasación más realista]. "Además, se aplicaba un recorte del 10% a las tasaciones actualizadas" para todos los inmuebles, "inferior al que posteriormente resultó de sus metodologías internas".
Debido a estas prácticas, "en 2015 se incumplía la normativa del Banco de España al liberar provisiones de adjudicados en base a retasaciones, liberando incluso las coberturas establecidas en el RDl 2/2012 y las previas a la adquisición [de los inmuebles]", insisten los peritos. Esto es, que Ron se permitió incluso 'desdotar' los saneamientos a los que el Gobierno del PP había olbigado a todo el sector en los famosos 'Decretos Guindos' y que fueron el detonante del rescate de España.
Estos desmanes contables solo se arreglaron en las cuentas de cierre de 2016 (posteriores a la ampliación de capital), después de una dura inspección del BCE que encontró un enorme desfase entre la morosidad real y la reconocida por el Popular: 6.614 millones de euros que debían reclasificarse como morosos con un déficit de provisiones de 2.320 millones.