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La Policía Nacional se ha personado esta mañana en las instalaciones de Moncloa.com y tiene un requirimiento para hacer lo propio con El Confidencial a partir de una orden judicial para que los medios entreguen "todo el material relacionado con la denominada operación Trampa", sobre la contratación por parte del BBVA a Grupo Cenyt, propiedad del excomisario José Manuel Villarejo, en relación con la operación que quería realizar la constructora Sacyr para comprar el banco. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha abierto una pieza secreta --la novena-- para investigar la 'operación Trampa' y ha enviado a la Policía a requerir esta información a ambos medios.
El Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional reclama en la citada orden, a la que ha tenido acceso Europa Press, todo el material ya publicado en las ediciones de los días 9 de enero y siguientes, así como el que aún no se haya publicado y obre en poder de este medio de comunicación. El juez precisa que la petición del material se realiza "sin perjuicio del derecho constitucional" que asiste a los citados medios "en orden a la protección de la fuente de obtención del material tanto del ya publicado como del que se encuentre pendiente de publicación".
Moncloa.com ha afirmado que se encuentra recopilando más de 4.000 documentos relacionados con el proyecto Trampa para poder entregarlos este mismo martes a la Policía, entre los que se encuentran también audios y fotografías. "Nuestra empresa había puesto toda la documentación a disposición de las autoridades y del BBVA con objeto de facilitar la investigación interna. Hasta la fecha, la Audiencia Nacional ha venido a requerir el material, no así la entidad bancaria", señala el medio.
Desde el pasado 9 de enero, Moncloa.com, en colaboración con otros medios de comunicación, ha venido publicando una serie de documentos que acreditarían que el BBVA presidido por Francisco González habría contratado a la empresa Cenyt, propiedad de Villarejo, para labores de información sobre las maniobras que estarían desarrollando entre otros, Sacyr y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para tomar el control del consejo de administración del Banco. Lo bautizaron como 'operación Trampa'.
Si en un primer momento este medio publicó los documentos que acreditaban la existencia de aquel contrato, en días sucesivos reveló que los trabajos de Villarejo para el banco, con su responsable de seguridad, Julio Corrochano Peña, como intermediario, abarcaban pinchazos telefónicos de hasta 4.000 números, con 15.000 llamadas intervenidas y entre ellas, comunicaciones del entonces director de la Oficina Económica de La Moncloa, Miguel Sebastián, y la que era vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
En aquellas llamadas intervenidas constan asimismo pinchazos a medios de comunicación, ejecutivos de otras entidades financieras y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Precisamente, este martes publica una serie de fotografías que acreditarían seguimientos físicos al entonces 'número dos' del regulador, Carlos Arenillas, del que se habría proporcionado al banco información sobre sus movimientos en coche y su domicilio.
Entre tanto, el nuevo presidente del BBVA, Carlos Torres, ha publicado una carta interna dirigida a los trabajadores de la entidad en la que reconoce que se contrató al Grupo Cenyt y que tras abrir una investigación interna el pasado mes de junio, cuando Ausbanc denunció la existencia de relaciones entre el banco y Villarejo, "no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas" de las que habla Moncloa.com.
La 'operación Trampa' constituye la novena pieza del caso Tándem, que investiga las actividades presuntamente ilícitas de Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017, sospechoso entre otros de delitos de organización criminal, cohecho, extorsión y blanqueo.
La instrucción arrancó a partir de las pesquisas sobre tareas que el comisario jubilado habría desarrollado para políticos de Guinea Ecuatorial, pero el ingente material informático y documental que se le intervino ha puesto sobre la mesa todo tipo de 'trabajos' que habría desarrollado prevaliéndose de su condición de Policía Nacional.
