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Podemos lleva en su programa electoral la sustitución de José Ignacio Goirigolzarri como presidente de Bankia. El grupo pretende, si llega al Gobierno, elegir "con carácter inmediato" otro presidente para la entidad "que sí sea capaz de entender el rol que debe desempeñar la banca pública en la mejora del país" con el apoyo de tres quintas partes del Congreso.
El presidente del banco se ha manifestado en numerosas ocasiones en contra de que Bankia se convierta en una banca pública, idea que Podemos lleva planteando varios años. "Sería un disparate", dijo en su intervención ante el Congreso el pasado mes de junio. Goirigolzarri, de hecho, siempre ha afirmado que su interés es que el Estado privatice la participación que aún mantiene en Bankia, cercana al 61%.
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La formación que dirige Pablo Iglesias quiere llevar a cabo su propuesta de crear una banca pública a través de Bankia si llega al Gobierno.
"Podemos aprovechar ahora para introducir competencia en el sector, asegurar que tengan acceso al crédito los elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema —como son las autónomas y los autónomos, las pymes y las empresas de la economía social—, introducir parámetros de justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones sociales de la banca que otras entidades descuidan, como cajeros o inversiones en vivienda social", reza la propuesta de Podemos.
Además, Podemos quiere "recuperar para la gente el impuesto de las hipotecas". Es decir, quiere obligar a los bancos a pagar retroactivamente el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados abonado por los clientes en la constitución de hipotecas, aunque la formación no detalla hasta qué momento habría que remontarse para reclamar a los bancos el pago.
De acuerdo con la propuesta recogida en su programa, "la Agencia Tributaria recabará estos impuestos de los bancos con carácter retroactivo", de forma que su idea es que Hacienda sea la que negocie el procedimiento. "Las personas hipotecadas recuperarán todos los impuestos relacionados con las hipotecas que no debieron pagar, tal y como indicó la primera sentencia del Tribunal Supremo", reza la propuesta, a pesar de que la primera sentencia del Supremo que dio lugar al embrollo hipotecario del pasado otoño no establecía retroactividad alguna.
Asimismo, en relación con los desahucios, quiere introducir el "reconocimiento de los derechos de reestructuración de deuda, quita y dación en pago", así como limitar la deuda de los hipotecados sin recursos "al valor del bien hipotecado". El programa también incluye "medidas adicionales" de protección a familias con ingresos inferiores a tres veces el IPREM, aunque no las detalla, y la derogación del IRPH como índice de referencia en las hipotecas también con efecto retroactivo.
La banca está a la espera de un sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que aclare la jurisprudencia en materia del IRPH, si bien las entidades han dejado de utilizarlo para referenciar las hipotecas. Goldman Sachs estima que el efecto sobre la banca de una sentencia en contra del TJUE estaría entre 7.000 y 44.000 millones de euros, dependiendo del alcance de la sentencia. La estimación de un golpe de 44.000 millones sería en el caso de que se estableciera una reclamación total de los préstamos firmados entre 2003 y 2017.
