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Cartel de RepsolCézaro De Luca - Europa Press - Archivo
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El ministro de Ambiente de Perú, Rubén Ramírez, anunció finalmente este lunes la suspensión de las operaciones de carga y descarga de hidrocarburos de Repsol en el mar “hasta que brinde las garantías técnicas de que no se va a producir otro derrame”, una decisión que ha sido tildada de “desproporcionada e irrazonable” por parte de la compañía.

Según informó la autoridad ambiental, la fuga de crudo durante la descarga del buque-tanque italiano Mare Doricum, que tuvo lugar el pasado 15 de enero, fue de unos 11.900 barriles, aunque la empresa alega que son 1.500 menos.

El ministro de Ambiente añadió ayer que la compañía "no ha evidenciado acciones claras de limpieza y remediación ante lo sucedido", y precisó que ésta "no garantiza" que el problema pueda ser contenido si es que sucede en el resto de centros que posee en el litoral peruano. "Repsol no ha dado las certezas que pueda afrontar un nuevo derrame en las otras tres líneas de carga y descarga que vienen operando en el país", explicó.

Las labores de limpieza tras el vertido que ha afectado a la flora y fauna de la zona siguen adelante. De hecho, Repsol ha asegurado que ya se han recuperado el 35% del total de barriles derramados, pero este fin de semana un juez peruano ha decidido impedir al director ejecutivo de Repsol en el país, Jaime Fernández-Cuesta, y a otros tres directivos de la empresa que abandonen Perú durante 18 meses.

Los expertos de Banco Sabadell reconocen que la decisión de Perú tiene un "sesgo negativo", pero asumen que era "parcialmente esperada" y creen que su impacto será "limitado en valoración". Los títulos de Repsol suben moderadamente en bolsa este martes tras conocerse la noticia.

La Pampilla en Perú pesa un 1,9% del EBIT 2021 estimado de Repsol y su posición en el país, un 7% de la producción total. "No pensamos que la interrupción de las actividades pueda durar mucho ya que es básica para el suministro en el país", apuntan estos expertos.

Por otro lado, el Gobierno peruano no se ha pronunciado aún sobre las posibles multas que todavía estaría evaluando (de incumplir todas las medidas, se especula con que el importe total rondaría los 53 millones de euros, lo que supone menos de 1% de capitalización).

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