PwC (PricewaterhouseCoopers) corre el riesgo de acabar como Deloitte en el caso Bankia, pero en el del Banco Popular. El informe de los peritos del Banco de España saca los colores a su actuación como auditor de esta entidad por no darse cuenta o no alertar de las irregularidades contables cometidas en la etapa de Ángel Ron. Sus críticas principales se centran en las cuentas de 2015, que son las que se incluyeron en el folleto de la ampliación de capital de 2016 y las que se investigan en este procedimiento de la Audiencia Nacional.
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"Nos llama la atención que el informe de auditoría de las cuentas de 2015 no incluye ningún párrafo de énfasis. A este respecto, queremos señalar que el socio auditor era consciente de que la política contable del Banco Popular se alejaba en aspectos determinados de los criterios de la Circular Contable del Banco de España, vigente en ese momento, y de que se estaban empleando tasaciones realizadas por empresas no registradas en Banco de España y que no seguían criterios ECO, a pesar de que la política contable del Banco Popular no permitía el uso de empresa tasadoras no registradas en el Banco de España o no realizadas de acuerdo a los criterios ECO", según el informEe
"Adicionalmente, en el ejercicio 2015 el auditor elevó la materialidad de la auditoría del 0,5% al 1%54. Si la materialidad de la auditoría en 2015 hubiese sido la misma que en 2014 los ajustes detectados por el auditor en 2015 hubiesen supuesto una salvedad en su informe", añade.
Los peritos Santiago Ruiz-Clavijo Ruiz y Pablo Hernández Romeo salvan un poco la cara de PwC: "En nuestra opinión, todo lo anterior no tiene porque [sic] necesariamente cuestionar el trabajo del auditor pero hace significativa la ausencia de, al menos, un párrafo de énfasis en su informe señalando la relevancia de los criterios establecidos por los Administradores al fijar las estimaciones por deterioro".
EL AUDITOR ESTABA PRESENTE CUANDO POPULAR IGNORÓ AL BANCO DE ESPAÑA
Sin embargo, en otras partes de su informe vuelven las críticas. Así, aseguran que "en la Comisión de Auditoría de 23 de julio de 2014 se acordó no atender ese requerimiento [para que revisara sus criterios de refinanciaciones, la mayor irregularidad en las cuentas]. En esta reunión participó el entonces auditor de cuentas del Banco Popular, que lo fue hasta diciembre de 2015, últimas cuentas auditadas que se reflejan en el folleto de la ampliación de 2016". Los peritos se refieren al socio de PwC José María Sanz Olmeda, que fue sustituido en 2016 por Pedro barrio Luis, de la misma firma.
De hecho, también critican al Popular por mantener a la misma auditoria durante tantos años: "En este sentido recordamos que la obligatoriedad de rotar de firma auditora no se estableció hasta el año 2015, en la Ley de Auditoría de Cuentas. Esta Ley prevé un periodo transitorio, de tal forma que cuando el auditor haya estado prestando sus servicios durante más de 20 años no podrá prorrogar sus servicios a partir de junio de 2020. Al respecto, en el acta de la Comisión de Auditoría de marzo de 2017 se dice no es hasta las cuentas de 2020 cuando se debe cambiar al auditor, señalándose a estos efectos que la mayor parte de los competidores se adelantaron a esta fecha."
"Por tanto, aunque hubiese sido una buena práctica del Consejo de Administración cambiar al auditor de cuentas, al no hacerlo no se incumplió la ley", apostillan.
En todo caso, PwC no es la única 'big four' que sale trasquilada. Ernst & Young, KPMG y Deloitte realizaron también revisiones de distintos aspectos de los estados financieros del Popular. Las dos primeras tampoco encontraron "deficiencias con impactos significativos", según el informe, mientras que la última halló unos problemas muy inferiores a los encontrados por el BCE en su inspección de 2015.