Los peritos del Banco de España encargados de la investigación de Popular, Santiago Ruiz-Clavijo Ruiz y Pablo Hernández Romeo, han concluido que la entidad no respetó la normativa contable en las cuentas recogidas en el folleto de la ampliación de capital lanzada en 2016, al tiempo que apunta que las estimaciones de este aumento de capital eran "demasiado optimistas", de acuerdo con el informe pericial, al que ha tenido acceso Bolsamanía. Además, opinan que la ampliación de capital de 2016 se quedó corta y que el banco cambió en 2014 su política contable para alejarla de la que establecía el Banco de España.
"Las cuentas anuales que se reflejan en el folleto de la ampliación de capital no respetaban determinados aspectos de la normativa contable, en especial la clasificación de las operaciones refinanciadas en dudoso", apuntan los peritos, lo que respalda las acusaciones de falsedad contable contra el expresidente del Popular, Ángel Ron. De hecho, los inspectores del Banco de España creen que en las cuentas del ejercicio 2015 había "determinados aspectos del marco contable" que no se respetaron y cuya subsanación llevó a Popular a registrar en 2016 pérdidas de hasta 3.485 millones de euros.
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En este sentido, los expertos consideran que Popular cambió su política contable en 2014 para alejarla de la normativa del Banco de España, especialmente en relación con la cobertura de adjudicados y los criterios de operaciones refinanciadas. Así, creen que una parte "significativa" de las pérdidas que Popular reflejó en 2016 se deberían haber registrado en las cuentas ejercicios anteriores.
"No nos es posible cuantificar el impacto de los incumplimientos a la normativa subsistentes a diciembre de 2016", advierten los peritos, aunque toman como referencia las cifras calculadas por Emilio Saracho tras acceder a la presidencia, que estimaban que en 2017 eran necesarios otros saneamientos por 4.180 millones de euros que debieron hacerse en el ejercicio anterior, cuando solamente se contabilizaron provisiones por 5.254 millones. El equipo de Ángel Ron, como Pedro Larena a la cabeza, había previsto en enero de 2017 que solamente hacían falta 1.700 millones.
Los peritos consideran que al cierre de diciembre de 2016, el saneamiento de los activos improductivos de la entidad (NPA) no había terminado, una circunstancia que era "conocida por los inversores" y se derivaba de "elevar el ratio de cobertura hasta el objetivo anunciado en la ampliación, posibilitando acelerar la reducción de estos activos". En todo caso, la estimación de 1.700 millones resultó "insuficiente", como demuestra el hecho de que la entidad tuvo que reexpresar sus cuentas del ejercicio 2016.
LAS PREVISIONES DE LA AMPLIACIÓN SON INVÁLIDAS
Respecto a las expectativas contenidas en el folleto de la ampliación de ese año, los expertos del Banco de España concluyen que "algunas de las hipótesis para llegar a las estimaciones contenidas en folleto de la ampliación eran demasiado optimistas, en especial la evolución de dudosos lo que, unido a la baja cobertura planificada para los adjudicados, invalidaba las previsiones de cobertura, pérdidas y solvencia de este documento", lo que apoya la acusación de estafa a inversores de la Fiscalía Anticorrupción en dicha ampliación de capital.
Todo esto "no implica que Banco Popular fuese inviable", pues al cierre del ejercicio 2016 tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones de unos 1.150 millones de euros, así como la posibilidad de materializar plusvalías por ventas de negocios. "No obstante, era previsible que sus accionistas sufrieran pérdidas por el reducido margen para cumplir con los requerimientos de solvencia impuestos por el BCE", añaden en el informe, que está en manos del juez de la causa, José Luis Calama Teixeira.
EL IMPORTE DE LA AMPLIACIÓN DEBIÓ SER MAYOR
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Los peritos creen que "el importe de la ampliación hubiera debido ser mayor para alcanzar los objetivos anunciados para diciembre de 2016", con independencia de otros posibles déficits de provisiones.
"La ampliación de capital era pequeña en comparación con las necesidades de capital establecidas por el BCE por lo que no había mucho margen para desviaciones como las decisiones que se tomaron de comprar o financiar acciones propias o la evolución de las minusvalías por valoración de la deuda pública o las producidas a consecuencia de las revisiones de auditoría interna o la interpretación de la normativa de solvencia relativa a la financiación para la promoción inmobiliaria que el BCE comunicó durante el primer trimestre de 2017", apuntan los peritos.
LA CAUSA DE LA RESOLUCIÓN, LAS FUGAS DE DEPÓSITOS
En el mismo informe, los inspectores del Banco de España determinan que la resolución de la entidad se produjo, principalmente, por tres episodios de fuga de depósitos que se produjeron en el segundo trimestre de 2017, pocos días antes de la resolución de Popular. De especial gravedad fue el que se inició el 31 de mayo, cuando Popular perdió el último rating en grado de inversión que le quedaba.
"Las pérdidas de los inversores no se derivan de la insuficiencia del patrimonio del banco para absorber las pérdidas de sus activos, sino de la imposibilidad de atender las elevadas e inesperadas solicitudes de retirada de depósitos", señalan los peritos en el informe, en el que explican que en el segundo trimestre de 2017, hasta el 5 de junio, los depósitos se redujeron en 16.347 millones de euros, de los que 5.742 millones correspondieron a los tres primeros días de junio. Así, los activos líquidos pasaron de 11.324 millones de euros a 971 millones, según las cifras aportadas.
Los peritos creen que la posibilidad de sufrir fugas de depósitos es inherente a las entidades debido a que su principal producto es la cuenta corriente, lo que las hace "especialmente dependientes" de la confianza de sus clientes. En el caso de Popular, la pérdida de la confianza se debió a la mala evolución en bolsa por no cumplir sus objetivos y a la incertidumbre sobre la consecución de capital suficientes para cumplir los requerimientos de solvencia.
No obstante, los peritos advierten que la información adicional que pueda sumarse a la causa, así como las alegaciones de las partes podrían afectar a sus conclusiones, "dada la abundancia de documentación y la complejidad técnica de los temas analizados".
