Orcel se aferra a la falta de un 'separation agreement' contra los 'invencibles' Botín

Este tipo de acuerdos son habituales en la contratación de altos directivos en las empresas, sobre todo en el mundo anglosajón, e imprescindibles en la banca de inversión: en ese ámbito no se concibe un fichaje sin firmar al mismo tiempo las condiciones de su eventual salida, no solo para fijar la indemnización económica, sino también para asegurar la información confidencial y evitar posibles pleitos.

Pero fuentes cercanas a los asesores de Orcel aseguran que el Banco Santander cometió el grave error -o no lo consideró relevante- de no firmar con Orcel este tipo de acuerdo para su salida. Esto significa que, en ausencia de un acuerdo que fije la indemnización, se debe estar a las condiciones que se establecieron en el contrato por el que el banquero italiano iba a incorporarse al banco como consejero delegado en enero.

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Y esas condiciones incluyen, siempre según estas fuentes, algún tipo de compensación por el salario diferido al que Orcel tenía derecho en UBS (los famosos 50 millones) y que dejó de percibir para fichar por el Santander. Asimismo, la demanda solicita una indemnización por el perjuicio derivado de la marcha atrás en su fichaje: poner fin a su carrera profesional con 55 años e impedir que fiche por otra entidad. Si a eso se añaden los gastos del procediiento, se alcanzan los 100 millones que pide en la demanda, cuyo primer objetivo -altamente improbable- es incorporarse como CEO al Santander tal como se le contrató.

DERROTAR AL SANTANDER, MISIÓN IMPOSIBLE

Esa es la gran baza de Orcel para intentar lo que nadie ha conseguido: derrotar al Santander y a los Botín -siempre con Uría y Menéndez como abogados- en los tribunales. Estuvo a punto de ocurrir en 2005, cuando Emilio Botín se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional por las pensiones multimillonarias de Ángel Corcóstegui y José María Amusátegui. Fue absuelto porque los jueces estimaron que no había ninguna ley que pusiera límites a estos pagos y que era el Banco de España el que debía autorizarlos; nada de administración desleal de los recursos del banco.

Antes, en 1996, incluso había dado nombre a una doctrina jurídica en España: la famosísima doctrina Botín por la que se libró de ser juzgado en el caso de las cesiones de crédito. Dicha doctrina, aplicada en infinidad de casos posteriormente, sostiene que la acción popular no puede, en solitario, sostener una acusación si no la acompañan el Ministerio Público o la acusación particular, lo que suponía un giro de 180 grados a toda la doctrina española anterior.

Incluso cuando algún colaborador se ha visto en apuros, ha salido bien librado: su consejero delegado Alfredo Sáenz fue condenado por el Supremo en 2011, pero el Gobierno de Zapatero le indultó. Tuvo que prescindir de él por los antecedentes, con un nuevo pensionazo de 88 millones.

NI FALCIANI, NI POPULAR, NI DIA...

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El caso más serio que ha afrontado todo el clan Botín fue el de la Lista Falciani en 2011: el descubrimiento de unas cuentas secretas en el HSBC de Ginebra donde ocultaban en conjunto 2.000 millones (incluyendo un 8% de Bankinter en manos de Jaime Botín). Pero tampoco les pasó nada: regularizaron su situación pagando 200 millones, y encima Hacienda les concedió un período de gracia para saldar la cuenta voluntariamente a cambio de evitar sanciones penales o administrativas.

En las últimas semanas, tenemos otros dos ejemplos de la imbatibilidad de los Botín: la Audiencia Nacional ha retirado la imputación del Santander en la causa por la resolución y venta del Banco Popular, y Ana Botín se ha ido de rositas por su famoso tuit en el que anunciaba la salvación de DIA antes del cierre de la bolsa.

Ahora, Orcel va a tratar de superar todos estos precedentes. Veremos si tiene munición suficiente para ello.