"Hemos creado un nuevo sector económico y hay que alimentarlo", asegura Francisco Uría, socio responsable del sector financiero en KPMG, refiríendose a los despachos de abogados y presuntas asociaciones de consumidores que han encontrado la piedra filosofal en las demandas a la banca. Han creado un modelo, bautizado como "modelo arriaga" por ser el despacho más conocido de este sector, que ahora está amenazado de muerte por la nueva Ley Hipotecaria pactada en el Congreso.
Este modelo se basa en atraer afectados por todo tipo de productos bancarios donde hay una posible reclamación: empezaron con las preferentes, luego la OPV de Bankia, llegó el filón de las cláusulas suelo, luego la resolución del Popular y ahora los gastos hipotecarios y el impuesto AJD (actos jurídicos documentados). En muchos casos, se les pone el anzuelo de que el demandante no tendrá que pagar nada al abogado, sino que lo hará el banco con las costas (si la demanda gana, claro, cosa que no siempre se dice).
Los costes son mínimos, ya que estos despachos y asociaciones suelen tener una plantilla compuesta por recién licenciados que se limitan a coipar y pegar el texto de las demandas, ya que son todas iguales, cambiando solo el nombre del cliente (y a veces se les olvida). Con lo cual el modelo da unos enormes beneficios.
Es cierto que los bancos cometieron muchos abusos en su forma de comercializar productos -que no en los productos en sí- durante la burbuja. Y por eso han sido condenados en varias ocasiones por el Supremo o por Europa y deben pagar las consecuencias. Pero también lo es que este modelo se ha industrializado, está presente hasta en los centros comerciales y se ha llevado a unos extremos que pueden calificarse de publicidad engañosa, si no de algo peor.
EL CONGRESO ACABA CON EL CHOLLO
Así ha ocurrido ahora con la famosa sentencia del Supremo que establece que el impuesto de las hipotecas lo debían pagar los clientes. Antes de conocerse el fallo, estos despachos animaban a demandar para recuperar las cantidades pagadas en el pasado e incluso insisten en ello después de una sentencia firme que descarta por completo la retroactividad.
Pero ahora, el pacto alcanzado en el Congreso -y por unanimidad, algo muy pocas veces visto- para la Ley Hipotecaria va a dar un golpe mortal a este modelo. De hecho, es uno de los motivos de este pacto, que lo que hace es clarificar qué gastos paga el banco y cuáles el cliente (solo la tasación) para que, en el futuro, estos abogados y asociaciones no puedan reclamar a la banca que cobraron alguno de estos gastos indebidamente.
SOLO LES QUEDA EL 'CASO POPULAR'
Si les dejan sin eso, y una vez que ya han muerto los 'filones' de las preferentes y la OPV de Bankia (donde se ha devuelto el dinero a los afectados sin necesidad de pagar abogado) y el de las cláusulas suelo (aunque todavía hay muchos casos colgando pese al mecanismo extrajudicial), su volumen de negocio caerá drásticamente.
Solo les queda el 'caso Popular', donde se van a agarrar al precedente de la disparatada sentencia del Supremo sobre la salida a bolsa de Bankia; sí, los disparates del Alto Tribunal no han empezado con las hipotecas, vienen de atrás. Dicha sentencia obligó a la entidad a devolver el dinero invertido por lo minoristas al considera que, como Gorigolzarri reformuló las cuentas, las de Rato eran falsas, algo que no se ha juzgado aún en la Audiencia Nacional (porque falsear las cuentas sería un delito). Ahora, la idea es replicar esa tesis con las cuentas de Ron y de Saracho. Y, vistas así las cosas, es probable que ganen.
