La teoría que circula en los cenáculos financieros e incluso en los pasillos del Banco de España sostiene que el juicio del caso Bankia que comienza este lunes terminará con la absolución de los 34 acusados, empezando por Rodrigo Rato, la propia Bankia y Deloitte. Se basa en que una condena salpicaría al Banco de España, a los Gobiernos del PSOE y del PP y, en general, al 'establishment' financiero; y, dado que el exvicepresidente del Gobierno ya está entre rejas por las tarjetas 'black' y que casi todos los afectados han recuperado su dinero, no hay nada que ganar con una condena y sí mucho que perder.
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De hecho, hay incluso quien sostiene que todo el caso de las 'black' -que, no lo olvidemos, fue denunciado por Goirigolzarri al FROB, y por éste a la Fiscalía- se montó para poder condenar a Rato por otra cosa que no fuera la salida a bolsa de Bankia. "Que Rato tenía que ir a la cárcel era algo que todo el mundo tenía claro porque había cometido todo tipo de tropelías. Pero que fuera por la salida a bolsa requería demostrar la falsedad de las cuentas, cosa que no es tan fácil, y hundiría a todo el sistema", según uno de los defensores de esta tesis.
"Así que era mejor buscar otra cosa, una chorrada como las 'black', para que pudiera ir a la cárcel sin necesidad de correr esos riesgos y sin perjudicar a nadie", añade. Sin llegar tan lejos, sí es cierto que en las altas esferas de las finanzas españolas nadie quiere una condena que supondría un auténtico terremoto.
Algo que se evidencia en que, durante toda la instrucción el FROB, el Banco de España y la Abogacía del Estado se han sumado a los argumentos de las defensas en vez de a los de las acusaciones, pese a ser los grandes perjudicados: el rescate de Bankia nos ha costado 24.069 millones de dinero público. El único baluarte de la acusación, el que ha llevado el caso a juicio, es el informe de los peritos del Banco de España, que tuvieron que echarle narices y enfrentarse a sus jefes para sostener que las cuentas estaban falseadas.
La mayor incongruencia del proceso es acusar a Deloitte -con razón, puesto que auditó las cuentas supuestamente falseadas- y no al Banco de España, que supervisó esas mismas cifras. Tan escandaloso era, que la propia Sala obligó al juez Fernando Andreu a imputar e interrogar al exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a su cúpula y al expresidente de la CNMV Julio Segura. Pero, tras hacerlo, los volvió a desimputar y se han librado del banquillo inexplicablemente.
EL BANCO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO QUEDARÍAN EN ENTREDICHO
Pero si el tribunal declara que hubo delito, será muy difícil que el Banco de España no se vea afectado: o fue cómplice del engaño, o no se enteró y, en consecuencia, no cumplió sus obligaciones (y los famosos correos del inspector Casaus demuestran que sí se enteró). Por no hablar de Deloitte: si es condenado por un delito tan grave, tendría muy difícil seguir operando en España o, al menos, perdería buena parte de sus clientes.
También destaparía las vergüenzas del Gobierno de Zapatero, que convirtió la OPV en una cuestión de Estado, y las del de Rajoy, que tapó la verdadera situación de Bankia mucho más allá de lo prudente antes de pedir el rescate.
Más allá, salpicaría a todo el sistema financiero y empresarial, que sabía perfectamente lo que había en Bankia, miró para otro lado y acudió al toque de corneta del Banco de España y del Gobierno. Solo Francisco González (BBVA) se negó a participar. Y hubo casos como el de Sabadell, que compró acciones para no hacer un feo y las vendió el primer día.
LA JUSTICIA SE JUEGA SU PRESTIGIO, DE NUEVO
Y todos estos perjuicios, ¿para qué? Si ya con la sentencia del Supremo de enero de 2016 -muy discutible, por cierto- la entidad tuvo que devolver todo el dinero a los minoristas que acudieron a la oferta, esta tesis también se basa en que los únicos que se beneficiarían de una condena son algunas grandes empresas y entidades que no han recuperado su inversión. Por tanto, una absolución evitaría tantos problemas y no perjudicaría a casi nadie.
Salvo a la Justicia, claro. Porque el verdadero escándalo sería que no pagaran penalmente los responsables de sacar a bolsa una entidad quebrada y de vender esas acciones casi a la fuerza a los clientes particulares porque los grandes inversores -los extranjeros, a los que no podía presionar el Ejecutivo- se negaban a comprarlas. Aunque los perjudicados hayan recuperado el dinero. Y aunque algunos, como Francisco Verdú, llevaran solo un mes en Bankia: si firmó las cuentas, debería haberse asegurado de que eran ciertas. Le iba en el sueldo y, que se sepa, no renunció a él.