- La sede de OHL ha sido registrada por la Guardia Civil
- Esto ha hecho que haya caído un 9% en el Mercado Continuo
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OHL tiene presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid en el que le reclama 371 millones de euros por los daños y perjuicios sufridos por la empresa en el contrato de cercanías Móstoles-Navalcarnero adjudicado por el Gobierno regional, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación.
Las mismas fuentes explicaron que los hechos por los que se investiga en la actualidad a la empresa, y que han motivado el registro en la mañana de este jueves de su sede en Madrid, se remontan a 2007 y se centran en la adjudicación de este tramo de cercanías, contrato que ha llevado a la compañía a perder "mucho dinero".
Entre los problemas que tuvo que afrontar OHL relacionados con este contrato están, según las mismas fuentes, el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Móstoles del desembolso de 50 millones comprometidos o la paralización de las obras por el Ejecutivo regional pese a las diferentes alternativas presentadas por la empresa.
Por otro lado, fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid ha señalado en un auto que el expediente de contratación de esta obra "no ha sido ni requerido ni analizado".
Los títulos de OHL se ha desplomado un 9% a media sesión, hasta los 4,12 euros, tras trascender el registro por parte de las Fuerzas de Seguridad de la sede de la compañía en Madrid, a raíz de la documentación hallada en el marco de la denominada 'Operación Lezo'.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este jueves por la mañana en la sede de OHL tras la documentación hallada ayer en la treintena de registros llevados a cabo en la 'Operación Lezo', en la que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. El requerimiento de información se ha llevado a cabo por mandato del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
CONFORME A LA LEY Y CON TRANSPARENCIA
La compañía OHL ha defendido que sus procesos de licitación, adjudicación y contratación se han realizado con total transparencia y sujeción a la ley y a los estándares de buen gobierno corporativo, en relación a la información solicitada en el marco de la 'operación Lezo' sobre la gestión del Canal de Isabel II de Madrid.
La constructora ha subrayado además en un comunicado que nunca ha pagado ninguna comisión a ningún partido político y se ha prestado "máxima colaboración" con las autoridades después de que este mismo jueves se le haya requerido información en el marco del operativo en el que se ha detenido al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a otras once personas.
El grupo presidido por Juan Miguel Villar Mir ha reiterado que tiene una política de "tolerancia cero" con la corrupción y ha recordado que, "hasta la fecha", nunca ha sido condenada por este delito.
El requerimiento de información a OHL se ha llevado a cabo por mandato del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. En febrero de 2016, este magistrado ordenó registrar el despacho y domicilio particular de Beltrán Gutiérrez, el exgerente del PP de Madrid, por las sospechas de financiación irregular de la formación.
La constructora OHL emitió entonces un comunicado en el que negó haber efectuado pagos al Partido Popular. Este pronunciamiento se produjo un día después de que la Guardia Civil registrase varias dependencias de su consejero Javier López Madrid en el marco de una nueva fase de la denominada 'Operación Púnica', centrada en una presunta financiación del PP de Madrid.
