• OHL y FCC terminan en números rojos después de un 2016 lleno de dificultades
  • Hacienda aprobó un recorte de 600 millones en infraestructuras en 2017
construccion

Siete años de frenazo en la obra pública en España y una todavía tímida recuperación de la construcción dejan un balance negativo para uno de los sectores punteros de la economía española. Las principales empresas del sector han presentado sus resultados con una moderación considerable de los beneficios, que se agrava en el caso de las más apalancadas como FCC y OHL que cuentan los ‘números rojos’ en sus cuentas.

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La patronal de la construcción Seopan apunta que durante el pasado año el número de contratos de la Administración relacionados con el sector en España cayó un 30%, mientras la licitación pública descendió un 18%. El propio Ministerio de Fomento también manifestó que en el primer semestre del año, marcado por el parón político, los proyectos dependientes de la Administración se redujeron un 19,8%, en gran medida por los ajustes en los tramos de AVE. Según Seopan, de la reducción de 60.000 millones de déficit, un 48% ha llegado por el recorte en la inversión pública.

Sin embargo, cada vez más la cartera de negocios de las grandes constructoras españolas se sitúa en el extranjero y se diversifica en busca de nuevos negocios como la gestión de concesiones, el reciclaje de residuos, la energía, el agua, el cemento, incluso las bodegas o la gestión de fondos como Acciona, a través de Bestinver. Por lo que el foco de sus cuentas no sólo hay que centrarlo en la caída de la actividad en España.

ACS, CHINA Y PERÚ MARCAN SUS RESULTADOS

ACS, el gigante que preside Florentino Pérez, con un beneficio de 751 millones de euros (3,5% más respecto a 2015), factura ya un 87% de sus ingresos en el exterior y casi la mitad por servicios industriales vinculados con la ingeniería y la energía. La venta de su filial de recogida y tratamiento de residuos Urbaser a la china Firion Investments por 1.400 millones de euros ha ayudado a reducir su deuda un 54%.

Otro de los grandes rompecabezas de los gigantes del ‘ladrillo’ ha sido los sobrecostes y los litigios que se producen en un negocio tan regulado como las infraestructuras. Ni la empresa líder del sector en España, ACS, se ha librado de estos dolores de cabeza.

Las principales empresas de la construcción han presentado sus resultados con una moderación considerable de los beneficios

Los principales problemas judiciales de ACS provienen de Perú, en concreto de las obras del metro de Lima. El consorcio formado por la constructora de Pérez, FCC y las italianas Impregilo y Ansaldo y la peruana Cosapi, reclaman el pago de 280 millones de dólares, unos 266 millones de euros, al Gobierno peruano ante un tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Las compañías consideran que el retraso de más de un año en las obras se debe a que los terrenos en los que se ha de urbanizar no presentan las condiciones acordadas en el contrato.

Además de este litigio, ACS deberá abonar 9,3 millones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por supuestas prácticas anticompetitivas de su filial Dragados en la fabricación, alquiler y venta de construcciones prefabricadas o modulares. La constructora también tiene intereses en que Fomento rescate de forma definitiva las radiales de acceso a Madrid, ya que es accionista mayoritaria de Alazor, propietaria de la concesionaria Accesos de Madrid.

FERROVIAL EVITA EL BREXIT, PERO NO EL RECORTE DE BENEFICIOS

Ferrovial, segunda compañía en beneficios del sector con 376 millones, ha frenado sus ganancias un 48% respecto al pasado año. La compañía que preside Rafael del Pino ha evitado los efectos del Brexit, ha neutralizado la devaluación de la libra con coberturas, pero la menor contribución de ingresos extraordinarios respecto a 2015 han frenado las cuentas de la compañía.

El principal mercado del grupo sigue siendo Reino Unido y pese a los nubarrones de la salida del país de la Unión Europea, Del Pino ve un horizonte positivo para la compañía como muestra la ampliación del aeropuerto de Heathrow. Precisamente, sus caídas llegan desde la sociedad que gestiona el aeródromo londinense, de la que es el primer accionista, con un balance de 107 millones de pérdidas y otros 21 millones corresponden a la caída del tráfico en la autopista catalana Autema.

Ferrovial tiene abiertos 127 litigios y 134 millones de euros provisionados a tal efecto. La gran noticia para la constructora es que la justicia británica le dio la razón ante el Ayuntamiento de Birmingham por un conflicto en la gestión de carreteras y otras infraestructuras de su filial Amey.

ACCIONA, UN BUEN AÑO EMPAÑADO POR CASOS DE CORRUPCIÓN

Acciona es una de las grandes excepciones del sector, obtuvo unos beneficios de 352 millones de euros, un 70% más respecto a 2015, impulsado por las plusvalías generadas por la fusión de Acciona Windpower y la alemana Nordex, una auténtica locomotora en la fabricación de aerogeneradores eólicos.

Sin embargo, la compañía de José Manuel Entrecanales también ha tenido pérdidas de hasta 626 millones de euros, ligadas a la financiación de sus proyectos energéticos, una división que representa casi la mitad de la facturación del grupo, y a sus problemas legales en la construcción brasileña.

En España, la compañía se ha visto en vuelta en varios escándalos como el caso Acuamed, una trama orquestada en la empresa pública para cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones infladas. Entre los señalados por la investigación del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, se encuentra el director general de infraestructuras de la firma, Justo Vicente Pelegrini y el presidente de FCC Construcciones, Miguel Jurado.

Cuatro empleados de la constructora también fueron acusados en 2016 por la Fiscalía Anticorrupción por el ‘caso Plaza’, un desfalco millonario en la construcción de la plataforma logística de Zaragoza. Acciona ha provisionado 26 millones de euros para este asunto, según recoge su informe de gestión.

MÁS PENDIENTE DEL PETRÓLEO QUE DE LAS OBRAS

Sacyr, la cuarta empresa por volumen de beneficios, ganó un 67,5% menos en 2016 hasta los 120 millones de euros por la falta de beneficios extraordinarios. Los resultados positivos de la firma que preside Manuel Manrique no llegaron tanto desde las zanjas y los andamios, sino del parqué, pues su participación del 8,2% en el capital de Repsol generó un dividendo de 93 millones de euros.

La constructora reconoce en la presentación de sus resultados que la caída de la actividad en España y Portugal ha lastrado sus resultados, junto al menor ingreso de la construcción por la finalización de sus autopistas en Chile. Sin embargo, la gran losa de Sacyr son los sobrecostes del Canal de Panamá. El consorcio en el que está integrado Sacyr, junto a la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana reclama 5.673 millones de dólares, unos 5.400 millones de euros, que las autoridades del país caribeño.

La compañía calcula que, en principio, la resolución final de todas las reclamaciones podría suponer un periodo de unos seis años, hasta 2022, según desveló la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en su informe anual correspondiente a 2016.

FCC, CINCO AÑOS DE PÉRDIDAS

Pero, sin duda, si hay una empresa que ha sufrido en sus propias carnes el pinchazo de la construcción esa es, sin duda, FCC. La compañía, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim en un 71%, lleva cinco años arrojando datos negativos y este 2016 no ha sido una excepción: 165 millones de pérdidas, cuatro veces más respecto a la caída del año anterior.

El ‘rejón’ que ha sufrido la compañía que preside Esther Alcocer Koplowitz se debe, en gran medida, al impacto de su filial Cementos Portland en 300 millones y por la devaluación de la libra en los servicios medioambientales que ofrece en Reino Unido, el segundo mercado de FCC tras España.

También se ha visto salpicada por la polémica, además de en la trama de las desaladoras de Acuamed, por una supuesta estafa y falsificación documental al haber manipulado los datos de las recogida de la basura de Barcelona, según destapó El País. La Fiscalía abrió diligencias de investigación por unos ingresos ilícitos de 800.000 euros en 2014, mientras que en Badalona la cifra ascendía hasta los 12,8 millones de euros.

MÉXICO, TURQUÍA, MOODY’S… A OHL SE LE ACUMULAN LOS PROBLEMAS

El año ‘horribilis’ del sector lo protagoniza la familia Villar Mir y en concreto, la constructora OHL: 432 millones de euros frente a los 55 millones de ganancias de 2015. La compañía atribuye estos datos negativos a los saneamientos que ha tenido que hacer frente el grupo para contrarrestar proyectos con pérdidas. Sus pufos, además de lo que indica OHL, provienen de las dificultades en la generación de caja y el alto nivel de endeudamiento, como señaló Moody’s en agosto.

OHL se ha visto afectada por la pérdida de contratos muy atractivos como la construcción de un hospital en Canadá por 102 millones o la reducción de los ingresos en sus proyectos en Annaba (Argelia) y Marmaray (Turquía) por 154,8 millones. Más allá de estos casos, OHL sufre una crisis de reputación en uno de sus principales mercados, México, por la manipulación del tráfico en una autopista y de un presunto soborno a las autoridades locales. En España, OHL ha aparecido relacionada con el caso Gürtel como una de las empresas financiadoras del PP en el ‘caso Gürtel’ o en la ‘Operación Púnica’, junto a ACS.

NEPAL, EL TALÓN DE AQUILES DE SAN JOSÉ

Entre los seis grandes gigantes se cuela cada vez con más proyectos internacionales y mayor facturación, Grupo San José. La compañía gallega consiguió un beneficio de 8,1 millones de euros, un 11% más que en 2015 y una facturación de 613 millones. La constructora ‘familiar’ que dirige Jacinto Rey registró un deterioro de sus participaciones financiera de 939 millones. El principal foco de conflictividad que tiene San José es la rescisión de un contrato por parte del Gobierno de Nepal por la mejora de los aeropuertos de Simikhot y Rara.

Pese al negocio internacional de las compañías, el parón constructor en España ha perjudicado los balances de un sector muy ligado a las concesiones del BOE. 2017 tampoco se antoja el año en el que el ‘grifo’ público se abra por el recorte de 600 millones de euros aprobado en abril por Hacienda. Sin embargo, los analistas señalan como una salvaguarda para el sector la paulatina recuperación del negocio inmobiliario.

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