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La nueva CaixaBank pagará en mayo un dividendo de 216,09 millones de euros, según propondrá el consejo de administración del banco a la junta general de accionistas, que se celebrará el próximo 14 de mayo. Esta cantidad implica el pago de un dividendo en efectivo de 0,0268 euros por acción (2,68 céntimos de euro).
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Este dividendo supone un pay-out equivalente al 15% del resultado consolidado proforma de CaixaBank y Bankia en el ejercicio 2020, en línea con las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE). Está previsto que el desembolso se produzca a partir del 24 de mayo.
CaixaBank y Bankia se comprometieron en su acuerdo de fusión, anunciado en septiembre del año pasado, a no repartir dividendos hasta que culminara el proceso. Ahora, una vez se ha producido el cierre legal de la operación, los accionistas del nuevo grupo, tanto los procedentes de Bankia como los de CaixaBank, recibirán el dividendo.
En el orden del día de la cita con accionistas, la entidad explica que la cuantía total a distribuir es de 688,24 millones de euros, de los que 216,09 millones de euros se destinarán a dividendos y 472,14 millones de euros a reservas voluntarias.
EL PRESIDENTE TENDRÁ UN SUELDO DE 1,65 MILLONES
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Por otra parte, se someterá a aprobación de los accionistas la nueva política de retribuciones del órgano de administración, que establece que el nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, percibirá una remuneración fija de 1,65 millones de euros, a lo que habría que sumar hasta un máximo de 200.000 euros en concepto de retribución variable.
A estas cantidades se le unirá un incentivo a largo plazo, materializado en acciones de la entidad durante distintos ejercicios a partir del año 2025, en caso de cumplir con los objetivos establecidos por la entidad. Goirigolzarri no percibirá cuantía alguna por pertenencia a otros consejos.
El anterior presidente de la entidad, Jordi Gual, sin funciones ejecutivas, percibió en 2020 una remuneración de 1,382 millones de euros en 2020, entre la retribución fija (1,09 millones) y la derivada por su pertenencia a consejos de otras sociedades y a comisiones del consejo de administración.
De su lado, Goirigolzarri cobró en 2020, como presidente de Bankia, una remuneración fija de 500.000 euros y renunció a su retribución variable, que podía ascender a hasta un 60% de la retribución fija.
Desde su llegada a Bankia en 2012, la retribución de Goirigolzarri ha estado sujeta a las limitaciones establecidas por la normativa aplicable a las entidades en reestructuración, que no resultan de aplicación al régimen de los administradores y directivos de CaixaBank.
El banco ha explicado que a la hora de establecer la política de remuneración del nuevo presidente de la entidad, la cúpula ha tenido en consideración la nueva dimensión del banco, que se ha convertido en el primer grupo financiero en España y en la décima compañía del Ibex 35 por capitalización bursátil, además de las funciones ejecutivas que recaen entre sus cometidos.
Asimismo, CaixaBank sigue las recomendaciones de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) para cargos ejecutivos y establece un mix retributivo con el objetivo de no asignar toda la retribución a través de una remuneración fija.
OTROS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
Otro de los puntos del orden del día será la dotación de una reserva legal con un importe de 415,84 millones de euros, con cargo a reservas voluntarias, lo que permite que la reserva legal alcance el 20% del nuevo capital social tras la reciente ampliación de capital en 2.079,2 millones de euros mediante la emisión de acciones para atender el canje de los títulos de Bankia en el marco de la fusión por absorción.
También se someterá a votación la reclasificación a reservas voluntarias de la reserva por fondo de comercio, que a 31 de diciembre de 2020 ascendía a 508,73 millones de euros.
A su vez, se pedirá el visto bueno de los accionistas sobre las cuentas de la entidad y al informe de gestión, la reelección como consejeros de José Serna Masiá y Koro Usarraga Unsain, y de PwC como auditora en 2022, así como una serie de modificaciones de los Estatutos Sociales de la entidad y de la política de remuneraciones de los consejeros.