Ni dividendos ni bonus a sus cúpulas. Las empresas no financieras y consideradas estratégicas a ojos del Gobierno deberán cumplir, entre otras, estas exigencias si quieren acogerse al fondo de rescate dotado de 10.000 millones aprobado este martes.
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El fondo en cuestión fue presentado el pasado 3 de julio dentro de las Medidas Urgentes del Gobierno para reactivar la economía y el empleo.
Según las condiciones de este mecanismo, el procedimiento tiene que iniciarlo la propia empresa afectada mediante solicitud por escrito.
La empresa debe acreditar que cumple una serie de condiciones. A saber: que su domicilio y centros productivos estén en España; que no estuviera en crisis (ni en concurso voluntario ni en situación de insolvencia) a 31 de diciembre de 2019; que esté al corriente de sus obligaciones tributarias y sin haber sido condenada por cohecho, prevaricación o malversación fondos públicos, y acreditar que sin esta ayuda cesaría en su actividad y tendría graves dificultades para manterse a flote.
Además, tiene que justificar que su cese tendría un impacto negativo en la economía y en el empleo regional y presentar un plan de viabilidad a medio y largo plazo con previsiónn de reembolso de la aydua estatal.
Entre las restricciones a las que deberá ajustarse, cabe destacar que estas empresas no podrán llevar a cabo una política comercial agresiva ni asumir excesivos riesgos, al igual que tampoco podrán distribuir dividendos, ni los miembros del consejo de administración podrán cobrar primas o retribución variable.
