La nueva legislación sobre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) impide que las empresas que los utilicen puedan efectuar despidos en los seis meses siguientes a su aplicación. Para evitar esta cláusula de mantenimiento del empleo, hay compañías que prefieren acogerse a la antigua normativa, aunque esto suponga un mayor coste en cotizaciones, según apuntan varios despachos de abogados.
Las sociedades toman esta decisión porque no pueden comprometerse a no despedir a nadie cuando acabe el estado de alarma, ya que no están seguras de que vayan a tener la actividad suficiente para mantener a toda su plantilla. Todavía se desconoce cuál será la sanción por incumplir la cláusula de salvaguarda del empleo y, pese a ello, hay empresas que prefieren no arriesgarse.
Hay que distinguir entre ERTE por "fuerza mayor" y por "causas productivas". En el primer caso, las empresas se ven obligadas por el Gobierno a cesar su actividad, como consecuencia de la crisis del coronavirus. Por ejemplo, esto ha sucedido en las compañías textiles, a quienes les han forzado a cerrar sus tiendas. En el segundo, la decisión de parar es adoptada por la propia compañía ante la falta de recursos o proveedores derivada también de los efectos del virus, como ha ocurrido en varias fábricas de automóviles.
El Real Decreto 8/2020 establece que los de "fuerza mayor" se pueden ahorrar el pago a la Seguridad Social, mientras que aquellos que se realizan por "causas productivas" no tienen este derecho. Con esto se explica que la mayoría de compañías que se deciden por el ERTE antiguo pertenezcan a sectores a los que se les permite mantener su actividad con el estado de alarma (industrial, automovilístico, construcción...), ya que en ningún caso van a poder disfrutar de la exención del pago a la Seguridad Social. Su único beneficio con el nuevo procedimiento es el recorte en los plazos, lo que les lleva a esperar un poco más para poder realizar futuros recortes en su plantilla.
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LOS EXPERTOS DESACONSEJAN EL 'VIEJO' ERTE
A pesar de que habitualmente las solicitudes recibidas sí se ajustan al nuevo procedimiento, el socio responsable del Departamento Laboral de Eversheds Sutherland Nicea, Jacobo Martínez, entiende que para evitar tener que mantener el empleo, haya compañías que traten de aplicar la anterior normativa cuando el ERTE sea por causas productivas.
"En relación con la fuerza mayor, parece improbable que las empresas tengan intención de seguir el procedimiento ordinario, ya que en el creado para el Covid-19 se incluye la exoneración de la contribución a la Seguridad Social", puntualiza este experto. Sin embargo, en los casos de suspensión por causas productivas, "es posible que haya empresas que traten de desligar el ERTE del virus, dado que no se aplicaría la exención”.
En cualquier caso, desaconseja esta decisión, ya que "siempre existirá el riesgo de que haya trabajadores que puedan reclamar la incorrecta aplicación de este procedimiento por entender que las causas sí están relacionadas con el Covid-19”, ha añadido Martínez.
Hay que destacar que los ERTE por coronavirus, sea cual sea su causa, ofrecen una mayor protección para los trabajadores, que recibirán la prestación por desempleo sin consumir periodos de percepción y sin necesidad de cumplir con una contribución mínima.
Escoger la vía del 'viejo' procedimiento no está prohibido, aunque los expertos desaconsejan tomar este camino. Es el caso del bufete Cremades & Calvo Sotelo, donde están sugiriendo o a sus clientes que "se circunscriban en la mayor medida posible a la nueva regulación", para acelerar el proceso en un momento en el que la autoridad laboral está saturada.
