A pesar de que ha perdido fuelle la posible implantación de un impuesto a la banca, el sector financiero no duerme tranquilo. Su principal amenaza es la ley hipotecaria, cuya tramitación parlamentaria quiere retrasar el PSOE para no chocar con Podemos en las enmiendas más dañinas para el sector. No es el momento de pelear con la formación morada: necesita su apoyo para aprobar la senda de déficit, pero Cristóbal Montoro tiene en su mano desbaratar esta estrategia.
La aprobación de esta reforma es urgente, lo es desde hace meses, pues Bruselas ya ha amenazado con multar a España por tardar mucho en trasponer la norma europea, algo que debía haberse hecho en marzo de 2016. Hace unos meses, la Comisión Europea pidió al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) una multa de 105.991 euros diarios para España por este motivo.
En todo caso, aún faltan semanas para aprobar la norma, que se encuentra todavía en trámite parlamentario. Constituida ya la ponencia, el texto pasará próximamente a la Comisión de Economía y Empresa, a cuyo frente Pablo Casado ha colocado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
De acuerdo con la normativa del Congreso, las sesiones de una Comisión las convoca el presidente de la misma, por lo que el ritmo de aprobación de la ley hipotecaria estará, principalmente, en manos de Montoro. Él será el encargado de convocar la comisión, bien por iniciativa propia o bien por petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la misma. En esta tarea solamente podría hacerle sombra una persona: la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que tiene la potestad de convocar todas las comisiones.
LA ESTRATEGIA DEL PSOE
El Congreso ha trabajado durante el mes pasado en esta norma, después de que la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, mostrara su disposición a acelerar el proceso de aprobación de la misma hace algunas semanas, para lo cual pidió habilitar el mes de julio. Sin embargo, según fuentes conocedoras, al PSOE le interesa atrasar el proceso lo máximo posible.
Tras la constitución de la ponencia, una vez que el texto llegue a la Comisión de Economía, los diputados deberán debatir sobre las enmiendas presentadas por los partidos, entre los que se encuentra Unidos Podemos. El partido liderado por Pablo Iglesias quiere incorporar a la norma, de acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, elementos como la dación en pago por el valor de la tasación de la vivienda en el momento de la compra, aunque se haya deteriorado en el tiempo, la paralización de los desahucios en marcha desde 2013 y la prohibición de las ejecuciones a personas “en riesgo de exclusión residencial”.
Estas peticiones han provocado los primeros choques entre el Gobierno y la formación de Iglesias, pues Calviño no estaría, según las mismas fuentes, dispuesta a aceptar las enmiendas de Podemos. La ministra no quiere apoyar una norma que pueda poner en peligro la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema financiero.
Además, no es el momento para que el PSOE choque con Podemos, pues el partido del Gobierno necesita su apoyo para la aprobación de la senda del déficit. Así, el Ejecutivo tiene la intención de alargar la tramitación de la ley hipotecaria al menos hasta que estén aprobados los Presupuestos.
La banca, por su parte, lleva tiempo pendiente de la aprobación de esta norma, que en su borrador, elaborado por el PP, introducía importantes cambios. Entre ellos, un endurecimiento de los requisitos para llevar a cabo un desahucio, más peso de los notarios en el proceso de contratación o la prohibición de las operaciones vinculadas.
EL JUEGO DE SILLAS DE PABLO CASADO
La llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP el pasado mes de julio ha revuelto la organización interna del partido, pero el nuevo líder del principal partido de la oposición también ha recolocado las fichas del PP en el Congreso de los Diputados. A los cambios dentro del partido de Javier Arenas y Rafael Hernando, entre otros, se sumaba esta semana la salida de Celia Villalobos de la Diputación Permanente, a la que pertenecía desde hacía 30 años.
En el Congreso, el de Villalobos no ha sido el único cambio. Casado ha aprovechado la coyuntura para situar a algunos exministros del último Gobierno de Mariano Rajoy en las comisiones cuyas presidencias ostenta el PP. Entre los afortunados se encuentra Cristóbal Montoro, al que, pese a pertenecer al “bando contrario” de Casado, pues era uno de los principales apoyos de Soraya Sáenz de Santamaría en su candidatura, ha colocado en una de las comisiones más importantes, la de Economía y Empresa.
Montoro sustituirá así a Arturo García-Tizón, quien fuera secretario general de Alianza Popular (AP) hace treinta años y presidente de la Diputación Provincial de Toledo hasta hace tres años, así como líder del PP en la provincia castellanomanchega.
El máximo responsable de la fiscalidad en España durante tres legislaturas del PP, dos con Mariano Rajoy al frente y una con José María Aznar, no es el único que ha ganado una presidencia de comisión con la llegada de Pablo Casado a los mandos del PP. La también exministra y ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal presidirá la Comisión de Exteriores del Congreso, mientras que el exportavoz del Ejecutivo Íñigo Méndez de Vigo hará lo propio con la de Educación. Al timón de la Comisión de Interior estará el exministro de Justicia Rafael Catalá.
