La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que tanto la Junta de Andalucía como las entidades financieras no han cumplido con su parte para evitar que Abengoa llegara a tener que solicitar el concurso voluntario de acreedores.
"Nosotros hemos intentado ser parte de la solución pero otros actores necesarios que tenían que participar en la operación no han cumplido con las expectativas o los compromisos que la propia empresa tenía planteados", ha dicho Montero refiriéndose al Gobierno de España.
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Según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, ha habido "falta de capacidad de ganar tiempo por parte de las entidades financieras", mientras que la aportación de 20 millones por parte de la Junta de Andalucía tampoco se llegó a materializar ni comprometer por parte de esta administración, una cantidad que era "infinitamente inferior" a la que ponía a disposición el Gobierno de España, ha asegurado.
Como ha recordado Montero, el Gobierno de España ha apoyado a Abengoa aportando una aval a través del ICO para el sostenimiento financiero de esta compañía y se aprobó una financiación condicionada a una serie de factores de participación de otras administraciones y de la propia banca. En concreto, más de 400 millones de euros que el Gobierno estaba dispuesto a aportar para que se pudiera hacer un procedimiento de viabilidad dado que la empresa tenía una cartera de clientes importante pero atravesaba una serie de problemas que se habían visto agravados con motivo de la situación pandémica y la caída de la actividad económica, ha explicado.
Por otro lado, la ministra ha destacado que "el concurso de acreedores no implica que se vaya a producir una liquidación definitiva de la empresa. Ojalá el administrador concursal tenga capacidad de buscar un nuevo inversor y se pueda aprovechar el conocimiento de una empresa importante de nuestro país".
Este lunes, Abengoa decidió solicitar el concurso de acreedores voluntario tras no haber podido completar la reestructuración y al considerar esta medida como "la más adecuada para salvaguardar los intereses de la sociedad y de todos los acreedores". Según detallaba la compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en los últimos meses se ha ido prorrogando el plazo de cierre de su refinanciación al no obtenerse los consentimientos necesarios, a la que vez que la firma ha trabajado en la búsqueda de alternativas ante la negativa de la Junta de Andalucía de aportar 20 millones de euros.
