Una megamulta de 77,1 millones de euros a repartirse entre los dos grandes operadores del sector por condicionar el mercado de la publicidad televisiva. Sin embargo, esos dos actores, Mediaset y Atresmedia, no han provisionado en sus cuentas de resultados el importe de sus multas. No lo han hecho porque ambas confían en ganar la batalla en los tribunales, vía Audiencia Nacional y, después, si procede, en el Tribunal Supremo.
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en noviembre la citada multa por considerar que las políticas comerciales llevadas a cabo por los dos operadores de televisión privada les ha permitido concentrar en sus canales el 85% de todo el mercado publicitario. Según el regulador, Atresmedia y Mediaset llevan años limitando la capacidad del resto de operadores de captar ingresos vía anuncios, con el riesgo asociado de verse expulsados del mercados.
El organismo presidido por José María Marín Quemada consideró que las dos compañías “imponían de forma generalizada a sus anunciantes una elevada cuota mínima de inversión” y que si no lo alcanzaban, estos podrían ser penalizados. Además, aseguró que ambas empresas pagaban incentivos (denominados extraprimas) a las agencias intermediarias para que estas alcanzaran un determinado volumen o cuota de inversión sobre el conjunto de la publicidad facturada en ambas cadenas.
MEDIASET SE DEFIENDE
Unos argumentos esgrimidos por la CNMC que carecen de fundamento para los dos grupos audiovisuales, que han presentado recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, según recogen en sus informes anuales de 2019. Y ambos han presentado recurso para suspender el pago de la sanción interpuesta y el cese de las conductas sancionadas por la CNMC.
Mediaset es especialmente crítico con el organismo supervisor, que le impuso 38,9 millones de sanción. “La resolución sancionadora carece de fundamento y prueba alguna”, indica en su informe anual. “Mediaset España nunca ha coordinado su política comercial publicitaria con Atresmedia, ni ninguna de ambas empresas ostenta una posición de dominio en el mercado de la publicidad televisiva del que pudieran abusar”. Además, esgrime que ya no se puede hablar del sector de la publicidad televisiva como tal, sino de “publicidad audiovisual”, en el que entran los operadores digitales, bajo demanda.
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La compañía dueña de Cuatro y Telecinco critica a la CNMC y su resolución porque adolece de defectos como “una deficiente consideración de la estructura de mercado, una base jurídica errónea, una ausencia total de prueba de los efectos supuestamente generados y un error en la calificación de las conductas, así como numerosos vicios de base en la investigación llevada a cabo por el organismo instructor de la autoridad de competencia”.
Mediaset concluye que “los graves efectos” y la sólida fundamentación jurídica y de expertos independientes “deberían propiciar la adopción de la medida cautelar solicitada y, en todo caso, permiten confiar que la resolución recurrida sea anulada en vía jurisdiccional”. Por ello, indica que “el balance adjunto no incluye provisión alguna en relación con esta contingencia al estimar los administradores y sus asesores que no es probable el riesgo de que se materialice este pasivo”.
En conjunto, Mediaset tiene provisionados 8,6 millones de euros para litigios. Mientras, Atresmedia suma para litigios y otras provisiones más de 29,5 millones; menos que un año antes, cuando alcanzaba los 33,6 millones. En el caso de Atresmedia, explica que considera “probable obtener una resolución judicial favorable” y que, en consecuencia, “no se verá sustancialmente afectado el modelo de negocio que se viene desarrollando”.