Los dos inspectores designados por el Banco de España para investigar si Popular incurrió en algún delito durante sus últimos años como entidad independiente estudian las cuentas del banco anteriores al ejercicio 2016, año en el que se lanzó la ampliación de capital por importe de 2.500 millones, pese a que el juez Fernando Andreu ha limitado el procedimiento a esa operación.
Estos peritos, que son Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, investigan no solamente esta operación lanzada por el banco propiedad de Santander hace ahora un año, sino que su estudio se extiende a años anteriores, por lo que también abarcaría la ampliación de capital que realizó Popular en 2012 bajo el mandato de Ángel Ron.
Así lo aseguran fuentes conocedoras de la situación, que explican que los peritos consideran que "el agujero del Popular no apareció de repente en 2016. Si había pérdidas ocultas, no estaban solo en las cuentas de ese año, sino también de los anteriores". Por ello, es necesario analizar la contabilidad anterior a 2016, y es posible que el examen llegue hasta la ampliación de 2012.
Ello, a pesar de que el juez que lleva la causa, el magistrado Fernando Andreu, solicitó a estos inspectores limitar sus investigaciones a la ampliación de capital de 2016, a la que dedica la primera pieza de las dos en las que se divide la causa penal. La segunda se refiere a la publicación de informaciones supuestamente falsas con el objetivo de minar el precio de la acción ya durante la presidencia de Emilio Saracho.
ANDREU NO QUIERE IR MÁS ATRÁS DE 2016
El Banco de España informó en el momento de su asignación a esta causa que los peritos redactarán un informe con sus conclusiones sobre las cuentas del banco correspondientes al año 2016 y su posterior reexpresión, así como sobre los precios de venta de empresas y las participaciones accionariales en otras entidades de 2016 y 2017.
La asignación de estos dos inspectores a la causa fue exigida por el magistrado Fernando Andreu después de que admitiera a trámite varias querellas contra la antigua cúpula de Popular.
En cuanto a la causa penal, este juez dio carpetazo recientemente al recurso presentado por un grupo de afectados que pedía que el examen de las cuentas anuales no se circunscribiera a los ejercicios 2015 y 2016, sino que se retrotrayera hasta el año 2012. La respuesta de Andreu fue que esta propuesta dilataría el proceso judicial.
LAS SOCIEDADES EN LUXEMBURGO
No obstante, es posible que una vez reciba el informe sobre las conclusiones de los peritos el magistrado decida ampliar la causa a ese año, dado que la Fiscalía Anticorrupción estudia si Popular canalizó hasta 196 millones de euros a empresas con problemas a través de sociedades pantalla radicadas en Luxemburgo, como adelantó el diario Vozpópuli.
Popular habría creado junto a la firma Thesan Capital y el despacho Nummaria un entramado de empresas en el que estarían implicadas numerosas sociedades, entre ellas una participada por el propio banco y por la empresa que agrupa la actividad inmobiliaria de Marina d’Or.
