- Los sindicatos minoritarios de Indra, CGT y Co.Bas, han presentado una demanda ante la Audiencia Nacional
La victoria en los tribunales de los sindicatos de Cola-Cola contra el intento de despedir a 821 empleados y desmantelar su filial española supone un precedente en el que podrían basarse los representantes de los empleados de Indra y Vodafone para parar los ERE de ambas compañías.
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Según informa ElConfidencial, los representantes de los trabajadores de Indra (la empresa va a despedir a 1.750 personas) ya han presentado una demanda ante la Audiencia Nacional y los de Vodafone (que quiere echar a 1.297 empleados) van a seguir sus pasos.
Los representantes de los trabajadores de Indra (la empresa va a despedir a 1.750 personas) ya han presentado una demanda ante la Audiencia Nacional
De momento, continúa informando la web, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda de los sindicatos minoritarios de Indra, CGT y Co.Bas, quienes se han opuesto al despido de estos 1.750 empleados pactado a su vez por la empresa con UGT, CCOO, USO y SCT el pasado 5 de agosto. De hecho, el juez ya ha fijado la fecha para la vista, que se celebrará el próximo 11 de noviembre.
UN ERE INJUSTIFICADO
CGT y Co. Bas sostienen que el ERE es injustificado porque la compañía daba beneficios hasta el tercer trimestre de 2014 y que sólo tras el cambio en la presidencia aparecieron unas pérdidas millonarias que Indra estaría usando como excusa para recortar los puestos de trabajo. El grupo, recuerda ElConfidencial, anunció unas ganancias de 78 millones entre enero y octubre de 2014, bajo la gestión de Javier Monzón, y números rojos de 92 millones en el conjunto del año cuando Fernando Abril Martorell asumió el mando el 29 de enero de 2015.
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En Indra creen que ganarán el pulso a ambas organizaciones pero la anulación del ERE de Coca-Cola, aunque por un motivo distinto -el no respeto al derecho de huelga-, y la obligación de la embotelladora española de readmitir a los 821 despedidos tras la sentencia del Tribunal Supremo tiene en vilo a la compañía participada por el Estado, dueño de un 20% del capital.
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