“Fuimos el hazmerreír del mercado”. Con esta sentencia se refirió Pedro Larena, quien fuera el número dos de Ángel Ron primero y de Emilio Saracho después, aunque por breve tiempo, al proceso de sucesión en la presidencia del banco en su declaración ante el juez instructor del caso Popular, José Luis Calama. Las presuntas maniobras de algunos consejeros para sacar a Ron de la presidencia, que Larena tachó de “lamentables” y de constituir “una chapuza”, avergonzaron a quien fuera en aquellos momentos el consejero delegado, que sintió que el banco se convirtió en el “hazmerreír del mercado”, según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia.
La salida de Ángel Ron de la presidencia de Popular copó las portadas de la prensa financiera durante semanas, pero no fue oficial hasta el 1 de diciembre de 2016, cuando el consejo de administración aprobó la sucesión y la comunicó al mercado. Fue así como se conoció oficialmente el nombre del nuevo presidente, Emilio Saracho, hasta el momento vicepresidente mundial de JP Morgan.
Su currículum como banquero de inversión con poca relación con la banca comercial y especializado en grandes fusiones fue lo que hizo pensar a Larena que la intención era que Popular protagonizara una operación corporativa. “Era poner un lazo al banco y decir que lo estás vendiendo”, explicó al magistrado instructor del caso durante su declaración del miércoles, según fuentes jurídicas presentes en la declaración.
La visión que tiene Larena sobre esta sucesión es que prácticamente ni pasó por el consejo, sino que se gestó “extraoficialmente”. De hecho, el acuerdo del consejo solamente fue para abrir el proceso de sucesión cuando ya estaba decidido el presidente entrante y el hecho relevante contemplaba que aún era necesaria la aprobación por parte del propio Saracho.
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“Una vez aceptada su designación por el señor Saracho y adoptado el correspondiente acuerdo, se estima que este proceso concluya en el primer trimestre de 2017”, rezaba el comunicado remitido al mercado.
Con todo, de acuerdo con las mismas fuentes, durante su declaración Larena valoró que ambos expresidentes de Popular, Ron y Saracho, eran buenos en sus respectivos campos y no entró a hacer críticas sobre ninguna de las dos gestiones.
DIMITIÓ POR SUNRISE Y TRAS PERDER PODER
No obstante, Larena sí explicó al juez que su salida del banco, que se produjo en abril de 2017, estaba pactada con Saracho desde que este se incorporó a la entidad un par de meses antes. Tenía hablado con el nuevo presidente que saldría del banco en el momento en el que fuera “responsablemente posible”, como tarde en junio de ese año, pero una filtración a la prensa y dos decisiones de Saracho aceleraron esa intención, según otras fuentes.
Por una parte, Larena no comprendió la decisión del presidente de Popular de renunciar al Proyecto Sunrise, el plan de desagüe del ladrillo del balance de Popular ideado por el equipo de Ron justo antes de su marcha y que contaba con el visto bueno de los supervisores. A su llegada al banco, Saracho tiró por tierra este plan.
El consejo de Popular conocía la dimisión de Larena desde dos semanas antes de la filtración
Otra de las decisiones tomadas por el nuevo presidente tras su aterrizaje que no sentaron bien a Larena fue el nombramiento de Miguel Escrig, a quien Saracho puso a los mandos de la dirección financiera, un área que hasta el momento estaba bajo la supervisión de Larena.
Esta pérdida de poder y protagonismo, junto al rechazo del nuevo gestor del proyecto que Larena había elaborado con Ron para sanear el balance, aceleró la salida del consejero delegado de Popular.
La decisión estaba tomada como mínimo dos semanas antes de que se produjera su salida, momento en el que esta información pasó de estar en manos únicamente del propio Larena y de Saracho a ser conocida por todos los miembros del consejo, de acuerdo con las mismas fuentes.
Este dato cobra importancia dado que el juez y los fiscales investigan las presuntas filtraciones de información relevante del banco para minar el precio de la acción en una pieza separada y la de la dimisión de Larena se produjo justo horas después de que el banco hubiera comunicado a la CNMV la reexpresión de las cuentas. Ambas noticias hicieron caer el precio de la acción de Popular considerablemente y, preguntado por ello en su interrogatorio ante el juez, Saracho achacó la coincidencia a “la ley de Murphy”.
La publicación ese día de la reexpresión de las cuentas, según Saracho, fue responsabilidad de la comisión de auditoría, que siguió la recomendación del auditor externo. Sin embargo, mientras que Larena explicó al juez que la reexpresión de las cuentas vino por insistencia del Banco Central Europeo (BCE), PwC se amparó ante el juez en que el motivo era la necesidad de ajustarse a la normativa contable, siempre según las mismas fuentes.
El ex consejero delegado, conocido por afirmar durante su última presentación de resultados ante la prensa que Popular era “un bancazo”, estaba citado a declarar el 11 de diciembre a las 11.30 horas y así lo hizo a lo largo de unas dos horas, después de que se presentara ante el juez el día anterior PwC, la firma encargada de la auditoría externa de Popular durante más de tres décadas.
