Los expertos valoran este jueves la decisión del Gobierno, anunciada ayer por la tarde, de suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica, lo que supondrá, según las estimaciones del Ejecutivo, una rebaja de aproximadamente el 2% en la factura de la luz.
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"La suspensión del impuesto no sorprende, ya que se venía rumoreando, pero lo cierto es que podría ser negativo para el sector si se traduce en la generación de déficit de tarifa", valoran los analistas de Banco Sabadell.
Según las estimaciones de estos expertos, y tras la subida de precios de CO2, el sistema generaría un superávit de aproximadamente 1.250 millones de euros (frente a los 256 esperados en la orden de tarifas de 2018) que no compensaría la eliminación del impuesto (-1.500 millones de euros).
"Si además los precios del CO2 corrigieran podríamos volver a ver generación de déficit aún más clara, que tendrá que ser compensado con recortes en los costes regulados. Aunque no es un riesgo inminente, las compañías potencialmente más afectadas serían aquellas con un mayor componente regulado, en concreto Red Eléctrica (100% EV regulado) y Endesa (60% EV regulado)", advierten desde Banco Sabadell.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, mencionó además medidas de protección al consumidor vulnerable con la creación de un nuevo bono social para la calefacción durante los meses de invierno. Por último, el ministerio prevé, antes de finales de 2018, estudiar la reforma del actual sistema de precios marginalista.
En todo caso, Ribera indicó que el plan es abrir un debate para una reforma más profunda en el sector que incluyera lo ya comentado otras veces: el funcionamiento del pool, sobrecostes distintos a la generación de electricidad (pagos por capacidad o interrumpibilidad) y la fiscalidad.
"Restamos importancia tanto al nuevo bono social (ya que el actual representa una parte muy limitada de los costes) como a la intención de querer una reforma más profunda o reformular el sistema de formación de precios para evitar los 'windfall profits' de la generación hidro y nuclear. En nuestra opinión, no será fácil de cambiar ya que el sistema marginalista de fijación de precios es el utilizado en la mayor parte de los países de la OCDE y un gobierno en minoría parlamentaria no facilita abordar un asunto de este calado", concluyen desde Sabadell.
