Kutxabank ha colocado este martes la segunda emisión de deuda verde senior no preferente por un importe de 500 millones de euros, con un rendimiento que se ha establecido en 155 puntos básicos sobre mid-swap, referencia utilizada en estas emisiones, y un plazo de amortización de 4 años con opción de amortización anticipada en el tercer año.
El 55% de la emisión ha sido suscrito por inversores institucionales internacionales con una presencia del 58% de 'inversores verdes'. La operación ha contado con Norbolsa, BoFA, DB, Natixis y Santander como codirectores, según ha comunicado la entidad.
"La calidad de las órdenes de compra recibidas, así como la respuesta positiva recibida por los bancos colocadores vuelve a demostrar la confianza de los inversores internacionales en la calidad crediticia de Kutxabank. De hecho, ha sido valorada por las agencias internacionales Moody´s, Fitch y DBRS, con una calificación de Baa2/BBB+/ BBBH/, que la sitúan entre las mejores del sector para este tipo de instrumentos", ha explicado el banco.
Asimismo, la firma vasca ha detallado que cuenta con un marco estratégico cuyo objetivo es canalizar la liquidez hacia activos y proyectos con un impacto medioambiental positivo, apoyando la transición a una economía baja en carbono, mientras contribuye de forma activa al desarrollo de las finanzas sostenibles. Las edificaciones energéticamente eficientes o las energías renovables serán algunos de los proyectos susceptibles de inversión.
Con la colocación de esta emisión, Kutxabank refuerza el cumplimiento de los objetivos marcados por la Junta única de Resolución. En este sentido, cabe destacar que Kutxabank cuenta con el menor requerimiento de MREL del sistema financiero español, "lo que muestra la confianza del supervisor en las capacidades del grupo financiero en materia de resolubilidad y en su solvencia", ha indicado.
Esta circunstancia implica que Kutxabank deberá alcanzar a partir del 1 de enero de 2024, un volumen de fondos propios y pasivos admisibles a nivel consolidado de al menos el 17,60% del importe de su exposición total al riesgo (TREA), y el 5,27% de su exposición a efectos de la ratio de apalancamiento (LRE). Además, fijó un objetivo intermedio vinculante a partir del 1 de enero de 2022 del 16,59% del TREA y el 5,25% del LRE.