Kepler reitera su respaldo a la banca española doméstica. La firma francesa mantiene su preferencia por las entidades que solamente tienen presencia en España, para las que prevé más recorrido en bolsa que para las multinacionales, en referencia a Santander y BBVA.
La firma francesa cree que los bancos domésticos podrían tener un mejor desarrollo en bolsa del previsto gracias al impulso de sus volúmenes de crédito, sus diferenciales y sus menores provisiones. Al tiempo, ocurre lo contrario con Santander y BBVA.
Los riesgos provenientes de los países emergentes podrían penalizar el valor en libros tangible por acción (TBVPS, por sus siglas en inglés) y el beneficio por acción de los dos mayores bancos del país, a los que las depreciaciones de algunas divisas están pasando factura. Especialmente, la lira turca para BBVA y el real brasileño para Santander.
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En cuanto a los bancos domésticos, la firma francesa valora que la nueva producción en crédito está creciendo a doble dígito en hipotecas, consumo y grandes empresas, así como la reducción del 40% en sus activos problemáticos (NPA, por sus siglas en inglés) en el último año y del 67% en comparación con su máximo. Como punto negativo señala la bajada de 20 puntos básicos en la ratio de capital CET1.
Uno de los bancos domésticos a los que se refiere la firma francesa es Bankia. Más concretamente, Kepler destaca que su exceso de capital se está haciendo “más evidente” al comparar sus indicadores financieros con los de entidades de tamaño similar, como Sabadell.
Precisamente, el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri prevé en su Plan Estratégico 2018-2020 utilizar el exceso de capital sobre el 12% en forma de dividendos para, junto al pay out, distribuir entre sus accionistas unos 2.500 millones de euros hasta 2020.
RIESGOS LEGALES
En cuanto a Bankinter, la firma francesa valora su mejora en sus ingresos no financieros, si bien destaca que el tema de la litigiosidad “continúa en el foco” tras las provisiones por riesgos legales que ha hecho durante el semestre la entidad que dirige María Dolores Dancausa. También Unicaja. “Es un tema que está aquí para quedarse”, señala Kepler en su informe.
En el caso de la primera el riesgo viene por los procesos judiciales relacionados con hipotecas multidivisa. El banco pelea este tema caso a caso, si bien el pasado año Dancausa reconoció que la entidad se equivocó al otorgar hipotecas a clientes que no daban el perfil.
Bankinter, que no detalla sus provisiones por riesgos legales en su último informe financiero, mantenía provisiones por 257,59 millones de euros al cierre del primer semestre, lo que supone un 81,5% más que un año antes y un 25% más que al término del ejercicio 2017.
En cuanto a Unicaja, el riesgo judicial que observa Kepler viene por las cláusulas suelo. Cuatro meses después de la implantación del mecanismo extrajudicial para la resolución de estos conflictos sin acudir a los tribunales, creado por el Gobierno a través de un Real Decreto-ley, la entidad estimaba en su folleto de salida a bolsa que podría enfrentarse en los tribunales a 28.648 demandas, para lo cual en el primer trimestre de 2017 provisionó 370 millones de euros por este tema, como contó Europa Press.
Las provisiones de Unicaja, que tampoco desglosa las relativas a riesgos judiciales, cayeron en el pasado semestre. Se situaron en 843 millones de euros al final de junio, un 3% menos que un año antes y casi un 10% menos que al cierre del pasado año.
IMPUESTO A LA BANCA
Como varias firmas de inversión han hecho antes, Kepler también alerta de que el nuevo impuesto a la banca es un factor clave para el futuro de las entidades. Este tributo, dado que el Gobierno no ha concretado aún cómo se implantará, genera una incertidumbre que “está pesando en los bancos”, según la firma francesa.
De acuerdo con su informe, este tributo tendría el objetivo de recaudar entre 1.000 y 2.000 millones de euros de parte del sector financiero, lo que representa el 7,5% del beneficio de los bancos domésticos.
El Gobierno tiene la intención de incorporar esta tasa al sistema fiscal a principios de 2019, si bien el tema se está retrasando por la presión del sector bancario, que tanto en público como en privado se ha negado en rotundo a su implantación.
