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El juez Manuel García Castellón ha decidido imputar a BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho activo, revelación de secretos y corrupción. Así, el magistrado accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que hace unos días solicitaba su imputación, así como la negativa a que el banco pueda personarse como afectado en la pieza separada que investiga la relación entre la entidad y el excomisario de Policía José Manuel Villarejo.
Los fiscales del caso remitieron el pasado miércoles un escrito en el que solicitaban al juez imputar a BBVA en la causa que investiga la contratación de la empresa de Villarejo por el banco para, presuntamente, espiar a empresarios, autoridades y periodistas inicialmente para frenar el intento de asalto de Sacyr al consejo de administración de la entidad y el derrocamiento de Francisco González.
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Entre otras causas, la Fiscalía alegaba que algunos directivos de BBVA cobraron "dádivas" por parte de Grupo Cenyt, la empresa del excomisario de Policía José Manuel Villarejo, para mediar en su contratación, que se extendió entre los años 2004 y 2017.
Además, la Fiscalía cree, basándose en el análisis de la documentación incautada a la entidad, que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a Grupo Cenyt afectaron a "varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad" durante un periodo de tiempo "prolongado".
Los fiscales creen que la contratación de la empresa de Villarejo se hizo para desarrollar, presuntamente, "servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito", teniendo en cuenta que el excomisario de Policía era un funcionario policial en activo, lo que implicaría un delito de cohecho activo.
Además, el presunto espionaje a empresarios, autoridades y directivos supuso una "reiterada injerencia" en los derechos fundamentales de las personas afectadas, dado que se produjo a través de "seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria". Estos hechos implican"múltiples delitos" de descubrimiento y revelación de secretos.
Así, son ya once la personas investigadas en esta pieza, entre los que se encuentran, además de la jurídica BBVA y de Villarejo, que protagoniza el caso Tándem, Ángel Cano (ex consejero delegado), Julio Corrochano, (exjefe de Seguridad del banco), Antonio J. Béjar (exresponsable de BBVA Real Estate y presidente de Distrito Castellana Norte), Ignacio Pérez Caballero Martínez (ex de BBVA Seguros), Javier Maragón Navas (exdirector de Finanzas de BBVA), Ricardo Gómez Barrero (exdirector de Contabilidad), Inés Díaz Ochagavia (actual responsable de Seguridad tras sustituir en el cargo a Corrochano), Nazario Campo Campuzano (directivo de Seguridad del banco que permanece en la entidad) y Rafael Redondo (exsocio de Villarejo).
Todos han pasado por el despacho del juez, pero el único que no se ha acogido a su derecho a no declarar ha sido Béjar. En un principio, la Fiscalía pidió para él libertad bajo fianza de medio millón de euros después de que declarara ante García Castellón el pasado viernes, aunque el juez no llegó a decidir sobre esta solicitud. Este lunes, una vez que el exdirectivo ha vuelto a presentarse ante el juez, los fiscales han retirado la petición.
Entretanto, Béjar, que se ha mostrado favorable a colaborar con la Justicia, fue destituido por BBVA y San José el pasado viernes como presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), la empresa encargada de ejecutar la Operación Chamartín, aprobada este lunes por el Ayuntamiento de Madrid.
Hay otro imputado al que el juez sí impuso libertad bajo fianza. Se trata de Corrochano, el exjefe de Seguridad de BBVA, al que García Castellón pidió una fianza de 300.000 euros después de que pasara por su despacho el pasado 5 de julio.
