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Mucho se ha hablado de la responsabilidad de Julio Corrochano, exresponsable de Seguridad de BBVA, y, previamente, comisario de Policía, en las contrataciones por parte del banco a Grupo Cenyt, la empresa de José Manuel Villarejo, a través de la que se realizaron, presuntamente, espionajes a empresarios, autoridades y periodistas. De hecho, algunos de los acusados que se han presentado ante el juez han apuntado directamente al exdirectivo. Sin embargo, el magistrado del caso, Manuel García-Castellón, no cree que actuara solo para facilitar estas contrataciones, que se extendieron durante trece años y costaron al banco más de 10 millones, sino que apunta a que las realizaron “altos directivos de la entidad”.
Ha hecho falta un año de investigación y la imputación de 16 personas (quince físicas y una jurídica) para que el juez del caso Villarejo se haya decidido a levantar el secreto de sumario de la novena pieza de la macrocausa que protagoniza el excomisario, la que implica a BBVA.
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Este tiempo ha sido necesario para que García Castellón estudiara los contratos efectuados por el banco a la empresa de Villarejo “por parte de altos directivos de la entidad", cuyas identidades no estaban "plenamente identificadas” en diciembre de 2018, cuando se inició el caso, según explica en su auto, al que ha tenido acceso Bolsamanía.
Así, considera que toda la responsabilidad no puede recaer solamente en Corrochano, al que algunos acusados han apuntado directamente como único responsable, como hizo en su declaración ante el juez el expresidente del banco Francisco González, según informaba hace semanas La Información. De hecho, cuando procedió a la imputación de BBVA como persona jurídica, la Fiscalía Anticorrupción ya advertía de sus sospechas sobre que algunos directivos de la entidad cobraron "dádivas" para mediar en los contratos.
Con todo, en su auto el magistrado no menciona a ningún directivo más, ni siquiera a los quince imputados hasta la fecha, entre los que se encuentran los propios González y Corrochano, el ex consejero delegado de la entidad Ángel Cano, el expresidente de Distrito Castellana Norte Antonio Béjar, el senior advisor del actual presidente de BBVA Juan Asúa y otros directivos y exempleados del banco, además del propio BBVA, que lo está como persona jurídica.
TRABAJOS "ILÍCITOS"
Lo que sí señala el juez en su auto es que las contrataciones de Grupo Cenyt por parte de BBVA tenían por objeto servicios “ilícitos”, dado que existía una “incompatibilidad” en la realización de los mismos por parte de alguien que ejercía en el momento el cargo de comisario de Policía y que conllevaron una “injerencia” en los derechos fundamentales de determinadas personas “mediante el acceso a sus comunicaciones, mediante seguimientos personales o mediante el acceso a su documentación bancaria”.
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Por todos estos trabajos, BBVA, según el juez, abonó un total de 10,28 millones de euros a lo largo de los trece años que duró la contratación de Villarejo por parte del banco. Sus trabajos comenzaron en 2004 con el intento de asalto de Sacyr al consejo de administración de BBVA y finalizaron en noviembre de 2017, coincidiendo con la entrada en prisión del excomisario de Policía.
Corrochano fichó por BBVA tan solo dos años antes de que comenzaran los trabajos del excomisario, en 2002. Para ello tuvo que abandonar el Cuerpo Nacional de Policía, donde fue jefe de la Policía de Madrid primero y comisario de Policía Judicial después. Fue allí donde conoció a Villarejo.
REQUERIMIENTO A PWC
Con la intención de investigar las transacciones realizadas por el banco en favor de Grupo Cenyt y verificar si BBVA disponía de las adecuadas políticas de cumplimiento, el juez ordenó a finales del año pasado que se requiriera información a PwC y se tomara declaración a varias personas bajo “la máxima confidencialidad”.
Es por eso que decidió prorrogar el secreto de sumario a principios de este año. La última diligencia tenía por objeto analizar el material recopilado por PwC, compuesto fundamentalmente por correos electrónicos. Al dar por concluida esta diligencia, el juez ha decidido finalmente alzar el secreto de sumario, por lo que las partes ya pueden tener acceso a la ingente documentación del caso, en la que destaca por su importancia la auditoría forensic realizada por PwC.
