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JP Morgan se ha convertido en el segundo máximo accionista de Repsol con una participación del 6,855%, tras comunicar derivados financieros sobre el 4,73% del capital de la petrolera, según ha comunicado a la CNMV.
En concreto, la entidad financiera, presente en el capital de Repsol desde junio de 2014, cuando irrumpió como uno de sus principales accionistas con una participación del 3,2%, cuenta con derechos sobre diversos instrumentos financieros por acciones de la compañía de ejercicio o canjeables entre este año y 2025.
Así, de la participación del 6,855% del capital que posee JP Morgan en la compañía presidida por Antonio Brufau, con 0,585% corresponde a derechos de voto indirectos y el 4,73% restante a esos instrumentos financieros.
Sacyr es el principal accionista de Repsol, con una participación del 8,2%, mientras que Blackrock cuenta con un 4,99% y Norges Bank con un 3,11%.
La fecha de comunicación a la CNMC de la entidad financiera respecto a su movimiento en el accionariado de la compañía corresponde al pasado 13 de mayo, coincidiendo en la semana pasada con el castigo en Bolsa sufrido por Repsol por la caída en el precio del crudo por la 'guerra' entre Rusia y Arabia Saudí y la incertidumbre por la crisis mundial por el coronavirus.
BLINDAJE DE LAS EMPRESAS ESTRATÉGICAS
La ministra para la Transición ecológica ha mencionado este movimiento accionarial durante la rueda de prensa de este jueves en Moncloa. Lo enmarca dentro de la normalidad empresarial y recuerda que el Real Decreto de medidas contra el coronavirus protege a las empresas estratégicas, como las energéticas, de una OPA mientras dure el estado de alarma.
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El Gobierno ha suspendido las inversiones de fuera de la Unión Europea (UE) en compañías españolas de sectores estratégicos mientras dure la crisis del conoravirus cuando estas operaciones sitúen la participación del inversor por encima al 10% del capital social de la sociedad española o le permitan tomar el control del órgano de administración de dicha empresa.
Esta es una de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 'Covid-19' y tiene por objetivo evitar que empresas de fuera de la UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos aprovechando la caída conyuntural de sus acciones por esta crisis.
El desplome bursátil de la pasada semana había puesto a tiro de OPA a algunas de las principales empresas estratégicas del país, como Telefónica, Banco Santander, BBVA o la propia Repsol, entre otras, que veían cómo sus acciones se desplomaban por debajo de lo que indican sus fundamentales.