La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado en unas declaraciones que hay que ver si se siguen produciendo los beneficios extraordinarios de las energéticas y tener en cuenta las grandes inversiones que requiere la transición energética, en el contexto de aplicación del actual impuesto extraordinario a estas compañías. ¿Qué implicaría esto en la práctica?
"De confirmarse, podría tener un impacto positivo sobre la aplicación del impuesto extraordinario sobre el 2023 y, de alguna manera, enfriaría su posible adaptación para mantenerlo en el tiempo", señalan los analistas de Banco Sabadell.
No obstante, las palabras de Ribera irían en sentido contrario al acuerdo entre PSOE y Sumar de revisar los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su período de aplicación actual.
Recientemente, la Comisión Europea ha declarado que en 2023 ya no se dan los beneficios extraordinarios observados en 2022 en estas empresas.
Además, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, también se ha vuelto a expresar en contra. Si no se mantiene la estabilidad jurídica y fiscal en España ha avisado de que la compañía puede decidir desviar inversiones a otros países.
Hay que recordar que actualmente el impuesto a las energéticas se aplicaría durante 2023 y 2024 sobre el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros, excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares, y estaría recurrido por las principales empresas del sector.
El impacto anual en EBITDA de las empresas bajo cobertura se situaría en alrededor de 200 millones de euros en Iberdrola, 300 millones de euros en Endesa, 300 millones de euros en Naturgy y 450 millones de euros en Repsol. Ni Acciona Energía (ni su matriz Acciona), ni Solaria, ni Ecoener se ven impactadas por este impuesto.
