- Desde finales de julio de 2015, Iberdrola ha firmado 50 convenios con diferentes organismos para la protección de estos clientes
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Iberdrola ya garantiza al 100% de sus clientes residenciales la protección de los cortes del suministro eléctrico y de gas por impago de la factura, en el marco de los diversos convenios sellados con Administraciones Públicas, ONG y asociaciones y del procedimiento puesto en marcha por la compañía en 2015 para la protección a clientes vulnerables, según la información publicada por la compañía recogida por Europa Press.
El grupo energético se ha comprometido a prestar atención a los clientes en situación de vulnerabilidad
En concreto, el grupo energético, que señala que esta medida ratifica su compromiso con los ciudadanos económicamente más desfavorecidos del país, se ha comprometido a prestar atención a los clientes en situación de vulnerabilidad y a colaborar, según las políticas que establezcan las administraciones públicas competentes en cada caso, para facilitar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica y gas.
Desde finales de julio de 2015, Iberdrola ha firmado 50 convenios con comunidades autónomas, federaciones de municipios y provincias, ayuntamientos, ONG y asociaciones para la protección de estos clientes.
El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que el grupo, "consciente de la complejidad y las dificultades por las que atraviesan muchas personas en el contexto actual", actúa así en consecuencia y ya protegemos a la totalidad de sus clientes pertenecientes a este colectivo.
7,35 MILLONES DE CLIENTES RESIDENCIALES EN ESPAÑA
Esta protección alcanza a los 7,35 millones de clientes residenciales de Iberdrola en España y es de aplicación a todos aquellos consumidores que tengan contratado el suministro eléctrico y/o de gas de su vivienda habitual con la compañía y que estén considerados clientes en situación de vulnerabilidad.
La medida, que se enmarca en el compromiso del grupo con los principios de solidaridad y servicio a la comunidad, responde a la aprobación y aplicación en 2015, por parte de la compañía, de un procedimiento de protección a clientes económicamente vulnerables en España, en consonancia con la nueva política general de responsabilidad social corporativa de Iberdrola.
