Iberdrola quiere dar más poder a la unidad que se ha encargado de la investigación interna sobre los pagos vinculados al excomisario José Manuel Villarejo. Lo hará proponiendo a sus accionistas, en la junta que se llevará a cabo el 2 de abril, un cambio de estatutos para reconocer en su “norma fundacional” la relevancia del sistema de cumplimiento y de la unidad que vela porque estos principios éticos se cumplan.
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Esa Unidad de Cumplimiento es relevante porque en los últimos meses ha sido “el órgano competente” para realizar la investigación interna de los supuestos pagos irregulares a Cenyt, la sociedad del excomisario. También, porque fue este departamento el que contrató a la consultora PwC para que realizase otra investigación, en este caso independiente “sin supervisión ni control”. Una investigación que, según lo indicado por Iberdrola, no ha hallado "conductas ilegales", ni "hechos jurídicamente relevantes".
En concreto, según recoge el grupo energético en su informe anual, la conclusión de estas investigaciones es que “tanto por la información interna como por los acontecimientos externos de los que se ha tenido conocimiento, los hechos no pueden considerarse jurídicamente relevantes para la sociedad por lo que su impacto, de existir, se circunscribiría al ámbito reputacional”.
TOLERANCIA CERO HACIA LA CORRUPCIÓN
Y, precisamente, reforzar su reputación es una de las claves de este cambio de estatutos. Iberdrola recoge en la documentación de su próxima junta que, pese a esta crisis, “promueve una cultura de “tolerancia cero” hacia la corrupción y el fraude”. Por ello, indica que exige una “conducta ética y honesta, a todos los niveles de la organización, en un compromiso de vigilancia continua y de sanción de los actos y conductas fraudulentos, y en la implantación y desarrollo de mecanismos efectivos de comunicación y concienciación de todos los profesionales del grupo”.
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De ahí, deriva un “sistema de cumplimiento” para garantizar que los empleados de la empresa cumplan con esos principios éticos y la legislación aplicable; y la Unidad de Cumplimiento, que vigila que se consigan esas metas. Está presidida por Dolores Herrera y depende de la Comisión de Desarrollo Sostenible del consejo de administración encabezado por Ignacio Sánchez Galán. Dispone de autonomía presupuestaria e independencia de actuación.
Así, dada la relevancia que se quiere dar a este Sistema de Cumplimiento y al órgano de vigilancia, que hasta este ‘caso Villarejo no tenía, el consejo de la eléctrica “considera adecuado regular ambas figuras en la norma fundacional de la sociedad, concediéndoles así el más alto respaldo normativo”. Un respaldo que supondrá la modificación del artículo 8 de los estatutos sociales de Iberdrola.
De esta forma, si los accionistas votan a favor, los estatutos del grupo recogerán, explícitamente, que Iberdrola cuenta con un sistema de cumplimiento “consistente en un conjunto estructurado de normas, procedimientos y actuaciones encaminado a la prevención y gestión del riesgo de incumplimientos normativos, éticos o del propio sistema de gobierno corporativo”.
