Los trabajadores de Endesa están convocados, por primera vez en 40 años, a una huelga general de 24 horas el próximo 12 de abril. La razón oficial: la ruptura de las negociaciones para fijar el nuevo convenio colectivo. ¿La extraoficial? La pelea por mantener el beneficio de la tarifa de empleados a la elevada masa de trabajadores jubilados de la eléctrica, una factura que le cuesta a la compañía alrededor de 500 millones al año.
Como beneficio habitual del sector eléctrico, los trabajadores de Endesa disponen de una tarifa de empleado por la que no pagan luz en su residencia habitual. El problema está en que la compañía necesita recortar el excesivo gasto que supone la carga de estos extrabajadores (o pasivos) para poder mejorar las condiciones de los actuales y de los nuevos contratos. Actualmente, Endesa tiene alrededor de 9.000 empleados en activo, frente a los casi 26.000 trabajadores pasivos a los que todavía pagaba la luz. La factura total de la luz de sus empleados ronda los 710 millones de euros, según las provisiones registradas en las cuentas de la energética.
Esta es una de las aristas que ha hecho encallar las negociaciones del nuevo colectivo tras el vencimiento del anterior a finales de 2018. A finales de enero, los sindicatos (Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y el Sindicato Independiente de la Energía) volvieron a la mesa de negociación con los representantes de Endesa, pero ninguna de las partes están conformes con los avances.
Para los sindicatos, la única salida es la movilización. "No hay opción de desconvocar la huelga, la movilización es la única manera para poner a la organización contra la pared", apuntan fuentes sindicales. El día elegido para la huelga es el de la junta general de accionistas, que se celebrará en Madrid el próximo viernes.
Los representantes de los trabajadores saben que es una cita importante y que el foco mediático puede ayudarles a elevar el tono de sus reivindicaciones. La cita coincide, además, con la ya anunciada salida de Borja Prado de la presidencia y el aterrizaje de Juan Sánchez-Calero.
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NEGOCIACIÓN ROTA
Para los representantes de los trabajadores, la compañía ha adoptado una estrategia de negociación muy rígida con propuestas que suponen un empeoramiento de las condiciones del anterior convenio, algo "inadmisible". "Planteamos que el convenio sirva para mejorar, no para empeorar lo que había", apuntan fuentes de CCOO a este medio.
Además de eliminar la tarifa de empleado para los jubilados, algo que ha respaldado recientemente la Audiencia Nacional, Endesa ha propuesto reducir la potencia anual que cubre la tarifa de empleado (desde los 15.000 kwh del anterior convenio a unos 2.500 kWh, el consumo promedio de un hogar), y una reestructuración de las categorías de empleados que, bajo el punto de vista de los sindicatos son un perjuicio para sus condiciones.
A finales de marzo la Audiencia dictó que, dada la caducidad del convenio colectivo en diciembre de 2018 y al no disponer de contrato en vigor, los beneficios sociales dejan de aplicarse al personal pasivo (jubilados) desde el 1 de enero de 2019. Entre esos beneficios está la tarifa eléctrica, la ayuda de estudios o el seguro médico.
Los sindicatos han impugnado la decisión y esperan que el Tribunal Supremo aprecie las causas que les llevan a defender su vigencia. Consideran, apunta a este medio fuentes sindicales, que al ser beneficios pactados para la desvinculación de la empresa deben mantenerse aunque ya no rija el convenio.
Fuentes de la compañía señalan que la actitud de los sindicatos tampoco ha sido la mejor a la hora de negociar el nuevo convenio y que están empeñados en mantener un beneficio social a un elevado número de personas que ya no trabajan para la compañía, algo que hace imposible, en las circunstancias actuales, poder elevar los beneficios de los actuales trabajadores y mejorar las condiciones de las nuevas contrataciones.
La siguiente cita para negociar está fijada, provisionalmente, para finales de abril, pero las partes aún no han acordado la fecha. Aun así, fuentes de Endesa apuntan a que, con el tema de la factura de los trabajadores pasivos atascado en tribunales y los sindicatos empeñados en mantenerlo en el convenio, la negociación podría tardar más de un año en llegar a buen puerto.
