¿Hibernación o desmantelamiento? El Gobierno vuelve a la casilla de salida con Castor

Ambas opciones siguen sobre la mesa y, por el momento, no hay inclinación hacia una u otra, señalan fuentes cercanas al Ejecutivo. Si el anterior Gobierno se llegó a mostrar a favor del desmantelamiento, el actual todavía no ha tomado una decisión. Tras recular y dejar fuera de la orden de peajes del sistema gasista de este año el pago a Enagás por sus labores de seguridad y mantenimiento, el Ministerio para la Transición Ecológica "tiene que plantearse la situación". "El estudio del caso Castor está en punto cero", apuntan las mismas fuentes sin trazar un horizonte temporal para esa decisión.

Mientras, el caso acumula reclamaciones y recursos cruzados entre los bancos acreedores, el regulador, el gestor del sistema gasista y los ciudadanos, todos tratando de recuperar el excesivo dinero que ha costado un proyecto que desde diversos grupos políticos tildan de “fiasco innecesario y peligroso”.

La propia ministra Teresa Ribera ha reconocido que lo "lógico" es pensar que si Castor no se va a utilizar nunca más, habría que desmantelarlo. La hibernación debiera ser un estado provisional para la instalación, pero para su desmantelamiento seguro es necesario elaborar un informe técnico y económico que determinara cuánto costaría su desguace.

La factura del posible desmantelamiento podría ascender a unos 200 millones de euros, el equivalente a mantenerlo más de 20 años en hibernación tomando como referencia los alrededor de 8,7 millones al año que el Gobierno iba a reconocer este año como pago a Enagás por las tareas de seguridad. ¿Y quién lo pagaría? Presumiblemente y hasta que el Gobierno diga lo contrario, el consumidor a través de su factura de gas, al igual que la deuda.

EL COSTE DE LA HIBERNACIÓN

En los cinco años que Castor lleva parado, Enagás se ha encargado tanto de su hibernación como de la seguridad. Estas tareas, impuestas por el real decreto que puso a hibernar la instalación, le han hecho asumir costes por alrededor de 50 millones desde finales de 2014, de los que solo habría cobrado una parte, y que se ha dispuesto a reclamar al Estado vía reclamación patrimonial como legislador, después de que la orden de peajes de 2019 saliera en el BOE sin la partida que le reconocía el pago para los próximos tres años -26,1 millones en total-, y los pagos atrasados de ejercicios anteriores -17,4 millones-.

Desde la compañía subrayan que Enagás seguirá realizando las tareas de seguridad y mantenimiento "por responsabilidad", y consideran que esta primera reclamación contra el Estado es la mejor opción para reclamar este gasto.

¿QUÉ PASA CON LA DEUDA?

El cierre de Castor tuvo un precio: 1.350 millones de euros. Ese es el monto que Escal-UGS, sociedad participada en un 66,7% por la ACS de Florentino Pérez, se embolsó al poco de que se decretara el cese de operación gracias a que tres bancos -Caixabank, Santander y Bankia-, adelantaron el dinero a cambio de cobrarlo ellos, con un interés del 4,3% durante 30 años. ¿Y quién lo paga? Los ciudadanos, claro, a través del recibo del gas.

Los bancos comenzaron a cobrar esta deuda, pero hace un año el Tribunal Constitucional tumbó parte del real decreto que reguló la hibernación de Castor y Competencia paralizó el pago. Las entidades deberían recibir unos 6,7 millones mensuales -80 millones al año-, a través de la factura gasista.

El paso lógico tras la congelación de los pagos fue una reclamación patrimonial al Estado como legislador -misma vía que ha seguido ahora Enagás para su reclamación-, pero tras dar por 'muerta' esa reclamación -por silencio administrativo negativo-, han planteado un recurso en los mismos términos ante el Supremo para reclamar lo que aún no han recuperado.

Pero, al tiempo, como consecuencia de la sentencia del Constitucional que tumbó el pago de esa deuda, Competencia ha empezado una revisión de oficio de los pagos realizados tanto a Escal como a los bancos acreedores, con intención de recuperar los más de 200 millones que ya habría cobrado la tríada de bancos desde 2015 hasta que se congelaron los pagos.

La litigiosidad eleva la temperatura en el caso Castor, dentro y fuera de nuestras fronteras. La Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O'Reilly, también pone en entredicho la labor del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que financió una parte del proyecto. Según O'Reilly, el BEI realizó "mala administración" en el caso de Castor por tardar más de cuatro años en responder a la petición de una plataforma ciudadana que solicitó que se dejara de financiar el proyecto después de que los informes técnicos lo relacionaran con los más de 500 terremotos que hubo en la zona durante la operación en pruebas. Además, desde el grupo ciudadano 'Caso Castor' se acusa al BEI de no haber controlado, como debería, el desarrollo de las obras del proyecto y retirar la financiación de haber detectado irregularidades.

LOS CONSUMIDORES GANAN SU BATALLA

En paralelo a las reclamaciones de la banca y de Enagás, en los últimos meses los consumidores han ganado en tribunales su propia batalla: que se les devuelva el dinero que han pagado a través de su factura por el fiasco del almacenamiento.

El Supremo estimó en noviembre y diciembre dos recursos de la patronal Cecot por los pagos por las tareas de hibernación y seguridad y que habrían asumido los consumidores a través de la factura del gas. En total, las sentencias condenan a Enagás a la devolución de los 118 millones cargados a los consumidores entre 2014 y 2016, de los cuales la compañía sólo habría recibido alrededor de 30 millones de forma efectiva.

Ambas decisiones siguen la estela del fallo del Constitucional que tumbó parte del real decreto de 2017 para la hibernación de Castor. Esta sentencia anulaba los derechos de cobro de Enagás con cargo a los costes regulados del sistema gasista. En este momento, a falta de una fórmula válida para el pago de las diferentes deudas que genera el caso Castor -sin que el consumidor asuma el coste-, queda por ver qué decide el Gobierno para salir del escollo. Y el tiempo apremia.