La huelga indefinida del taxi que colapsa Madrid y Barcelona se ha convertido en una auténtica guerra entre este sector y las administraciones que ven como crece el malestar en ambas ciudades por las protestas e incidentes que dejan las concentraciones de este colectivo, a escasos meses de las elecciones autonómicas y municipales. El profundo desacuerdo de los taxistas con la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que pretenden impulsar en las dos capitales ha dejado nuevas jornadas de paros indefinidos y un enfrentamiento que tiene como punta de lanza el tiempo de precontratación de estos servicios.
Noticia relacionada
Los taxistas de Madrid rechazan la oferta de la Comunidad y mantienen la huelgaLos sectores empresariales y comerciales de las dos urbes han alzado su voz para advertir de la mala imagen que se está proyectando al mundo y de los daños económicos que pueden ocasionar las movilizaciones -PIMEComerç estima que durante los paros de agosto las ventas cayeron un 30% en Barcelona-. Y, a la vez, han avisado al sector del taxi que están perdiendo la batalla de la opinión pública con un paro patronal que no se ha acordado con las administraciones y en el que no se han pactado servicios mínimos. A menos de cuatro meses de que arranque la campaña de los comicios de cuyos resultados saldrá el relevo para el Gobierno de Madrid y los consistorios, la indignación ciudadana se vertirá contra unas administraciones a quienes el Gobierno pasó en septiembre la ‘patata caliente’ de regular las licencias VTC.
La iniciativa, aprobada en Consejo de Ministros a finales de septiembre, había sido demandada y aplaudida por los taxistas, y calmó los ánimos del episodio de la guerra del taxi del verano pasado. El Ministerio de Fomento consideró razonable que, como transporte urbano, las VTC fueran gestionadas por las administraciones autonómicas y locales al igual que el taxi y el resto de los transportes públicos de sus territorios.
Durante los últimos meses, tanto Madrid como Barcelona han estado recopilando peticiones del sector del taxi y de los vehículos VTC desde limitaciones horarias a pasar ciertas pruebas y exámenes, los taxistas han “apretado” a las administraciones para que pongan coto a un servicio que consideran como competencia desleal, pero las negociaciones han estallado en la mina del tiempo de precontratación del servicio de los vehículos con licencia. Mientras en Madrid el borrador que ha presentado el Gobierno de Ángel Garrido no ha entrado a valorar con cuánta antelación deben solicitarse estos servicios por parte del usuario, el Govern de la Generalitat ha establecido un mínimo de 15 minutos.
Los taxistas de Madrid han considerado que la modificación legislativa de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, que incluiría una diferenciación clara entre taxis y VTC, normas de captación de clientes y un reglamento sancionador del Ejecutivo popular es una “burla”. Estipula que cada ayuntamiento debe establecer las reglas en cuanto a precontratación, una decisión que ha soliviantado a los taxistas, que no quieren que se deje este aspecto en manos de ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Manuela Carmena.
En Catalunya, el texto que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, presentará este martes al Parlment de Catalunya contempla un cuarto de hora de precontratación por ley. Una medida que no sólo los taxistas, sino también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, consideran insuficiente, ya que no diferencia correctamente entre ambos servicios.
DE 15 MINUTOS A UNA HORA
La Ciuidad Condal encara el quinto día de protestas con nuevas movilizaciones que amenazan con cortar la frontera con Francia, sin solución a la vista por la desunión del Ayuntamiento y del Govern de la Generalitat. La alcaldesa ha criticado al Ejecutivo autonómico porque ha decidido desoír las recomendaciones del consistorio, que eleva 45 minutos el tiempo de antelación para la contratación de estos transportes, es decir, proponen que sea de una hora.
Colau es la que más arriesga en este conflicto, porque se ha alineado claramente con los taxistas, que están enrareciendo aún más el clima en una Barcelona que durante sus cuatro años de mandato ha sufrido mucho. Y esta situación le puede acarrear un coste electoral, ya que se estima que el debate parlamentario se prolongue hasta abril, cuando deberá votarse el decreto de la Generalitat. Justo cuando arranque la campaña de las elecciones municipales. No obstante, la alcaldesa mantiene su postura y carga contra el Govern catalán a quien acusa de “generar un incendio en el sector del taxi”.
Ha asegurado que entre las 24 horas que solicitaba el sector del taxi para la precontratación de VTC y los 15 minutos de la propuesta de la Generalitat, "es evidente que hay una vía intermedia de como mínimo, como mínimo, una hora", y ha ofrecido a los expertos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), queimpulsó un reglamento pionero sobre VTC, que fue paralizado en los tribunales ante la falta de regulación estatal.
Calvet, por su parte, ha alertado este lunes de que el decreto ley en el que el Govern está trabajando para regular la actividad de los vehículos VTC se retrasará ante las posiciones "tan alejadas" entre este sector y el de los taxis. Sin concretar de cuánto tiempo se trata, la amenaza velada se puede leer entre líneas: el conflicto podría arratrarse hasta el 26 de mayo.
