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Aumenta la tensión en la denominada ya como 'guerra del gas'. La Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) provocó un terremoto en el sector a principios de julio, al proponer un importante recorte de hasta 5.700 millones de euros sobre el cálculo de las tasas de rentabilidad financiera de los activos regulados del sector energético a partir de 2020.
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La CNMC enfocó su propuesta de recorte en las redes de distribución y transporte de electricidad, pero sobre todo en las de gas natural y de regasificación. La respuesta de compañías como Enagás (participada en un 20% por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-SEPI) y Naturgy (antigua Gas Natural y una de las compañías privadas más afectadas) no se hizo esperar.
Naturgy ha paralizado de forma temporal las inversiones en nuevas redes en España como medida de presión. Además, tanto esta empresa como Enagás y Red Eléctrica (también participada por la SEPI en un 20%) han planteado alegaciones al regulador para limitar el recorte propuesto por la CNMC. Y Naturgy no descarta judicializar el proceso para dilatarlo lo más posible. Y es el grupo presidido por Francisco Reynés el que a su vez está recibiendo los ataques más frontales.
Por su parte, fuentes del propio regulador, según publicó Bolsamanía hace unas semanas, sostienen que los recortes se realizarán, porque son necesarios, aunque falta por ver de qué manera y a partir de cuándo.
LA INDUSTRIA Y LAS PETROLERAS AVIVAN LA GUERRA
Por si faltaran ingredientes para esta guerra, no hay que olvicar otra cuestión. La presidencia de José María Marín Quemada termina en septiembre, ya que ocupa el cargo desde el mismo mes de 2013. Las empresas afectadas esperan que Marín Quemada sea relevado en la presidencia para buscar un interlocutor más favorable. Pero con el actual tablero político en España, con un Gobierno en funciones, Quemada está obligado a seguir hasta que se nombre un sustituto.
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Sobre su relevo, el propio Marín Quemada comentó en junio que “a estas instituciones tienen que venir personas independientes, rigurosas y de prestigio”. Además del presidente, cuando haya Gobierno será renovado la mitad del Consejo de la CNMC. Es decir, cuatro de sus miembros. Uno de ellos es María Fernández, vicepresidenta y miembro de la Sala de Regulación. El proceso para elegir al nuevo presidente lo iniciará el próximo Gobierno, quien debe proponer un candidato. No obstante, es el Parlamento quien debe aprobar el nombramiento.
Además, la intención de la CNMC es que la nueva normativa entre en vigor en enero de 2020, por lo que los plazos son realmente estrechos. En este escenario, han sido las empresas industriales y petroleras, que ven con muy buenos ojos las propuestas del regulador, quienes han pedido a la CNMC un recorte mucho mayor, de 1.500 millones de euros adicionales.
Además, han atacado directamente a Naturgy, a la que acusan de aprovechar la actual y elevada retribución de sus activos para haber marcado máximos históricos en bolsa recientemente. Un grupo de 11 asociaciones industriales, formado por Acogen, Anfevi, Ascer, Aspapel, Anfevi, Confevicex, Unesid, Gasindustrial, el Consejo Intertextil Español, así como la patronal de las petroleras AOP y de la industria química (Feique), han señalado que el crecimiento del valor bursátil de la principal empresa distribuidora del país (Naturgy) en comparación con el Ibex 35 "ha evidenciado de forma clara el efecto de la sobrerretribución que se ha abonado a todas las compañías gasistas propietarias de activos de distribución".
Un ataque en toda regla que ha hecho estallar la 'guerra del gas' en pleno mes de agosto. Una guerra con multitud de derivadas y ramificaciones que se libra en los despachos y que amenaza con dejar múltiples víctimas colaterales por el camino. Por si esto fuera poco, el Gobierno en funciones tampoco apoya del todo las iniciativas de la CNMC, razón por la que ha convocado para el mes de septiembre la Comisión de Coordinación con el regulador para fijar una postura común.
La amenaza de recortar las inversiones pone en peligro el plan de transición energética que el Gobierno socialista ha adoptado como uno de sus pilares programáticos. Así que con un Ejecutivo en funciones, un presidente en el final de su mandato y unas empresas en pie de guerra, se avecina un otoño caliente para todos los implicados. La 'guerra del gas' ha estallado en pleno mes de agosto.
