Francisco González ha decidido echarse a un lado en BBVA por el asunto del supuesto espionaje a través de José Manuel Villarejo para “evitar que se utilice su persona para dañar a la entidad”. Ahora tanto el banco como él mismo deben encarar lo que se vislumbra como una batalla judicial contra los presuntamente espiados, como el exministro Miguel Sebastián o el expresidente de Sacyr Luis del Rivero. La gran amenaza para el expresidente de BBVA es que le acusen de un delito de intervención de las comunicaciones.
A pesar de que alguna querella presentada contra el banco formula una acusación por revelación de secretos, fuentes jurídicas explican que este delito no tendría lugar en la causa. “Si [González] se hubiera enterado de algo y se lo hubiera comunicado a un periodista, quizás, pero él quería la información para él”, explican estas fuentes, que consideran que el único delito del que podría acusarse a González es el de intervención de las comunicaciones.
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Según han ido publicando varios medios de comunicación a lo largo de los últimos meses, el BBVA presidido por González habría espiado las llamadas efectuadas y recibidas por distintas autoridades y empresarios del país, inicialmente debido a la operación de asalto que Sacyr labró para hacerse con el control de BBVA con el apoyo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La contratación de Grupo Cenyt, la empresa de Villarejo, se mantuvo vigente entre 2004 y 2017, de acuerdo con estas informaciones, que vinculan al expresidente directamente con la contratación y el espionaje.
Así, González y BBVA podrían ser acusados de un delito continuado de intervención de comunicaciones si se consigue demostrar que el espionaje a los teléfonos se mantuvo a lo largo de los años en los que Cenyt y BBVA estuvieron vinculados. El plazo de prescripción de este delito es de cinco años, que contarían desde el último día de comisión del delito, lo que abre la puerta a una acusación por el mismo.
Otros delitos, como el de vulneración del derecho al honor, no tendrían lugar en el caso de BBVA y de González. De acuerdo con fuentes jurídicas, a pesar de llevar a cabo una investigación sobre miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como el exvicepresidente Carlos Arenillas, y otras autoridades, así como empresarios, no se hizo pública la información recabada y solamente se podría acusar de algo a González si hubiera utilizado los datos para extorsionar o chantajear a alguien.
ÉL PIDIÓ LA INVESTIGACIÓN
A falta del resultado de las investigaciones, no se puede concluir que el expresidente, ya desvinculado de BBVA, sea el máximo responsable del presunto espionaje, a pesar de que todas las miradas estén puestas en él. Lo único cierto por el momento es que él mismo ha decidido dar un paso atrás tan solo tres meses después de ser nombrado presidente de honor del banco.
En la carta enviada a Carlos Torres, actual presidente de la entidad, en la que le comunica su renuncia, González explica que él mismo pidió que se abriera una investigación interna el pasado mes de junio para esclarecer los hechos y se desmarca del presunto espionaje.
"Mi intención era disponer de toda la información sobre estos asuntos con el fin de asegurar que el banco había actuado de acuerdo con sus principios de legalidad y publicidad", apunta. Y añade: "La existencia de una investigación judicial abierta es un elemento adicional muy importante en esta averiguación de lo ocurrido, que nos ayudará a conocer la verdad".
