"Una fusión es un matrimonio en el que hay dos partes y tienen que llegar a un acuerdo", dijo ayer José Ignacio Goirigolzarri en la presentación de los resultados de Bankia. Algo que parece una obviedad pero que tiene mucha más enjundia si tenemos en cuenta el plan del Gobierno y el PNV de promover la fusión del banco nacionalizado con BBVA con el beneplácito del BCE. Un plan al que solo se opone, precisamente, el que tiene que querer la boda: el consejo del BBVA, sobre el que están recayendo importantes presiones, según fuentes del mercado.
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Como adelantó en exclusiva Bolsamanía, Pedro Sánchez ha accedido a la demanda del partido vasco de impulsar la fusión BBVA-Bankia con Goiri de presidente y con traslado de parte de la operativa a Bilbao. Pero, obviamente, no es una decisión que dependa solo del Gobierno (que controla el FROB, propietario todavía del 60% de Bankia). Depende también del supervisor, el BCE, de la Comisión Europea y del otro novio, BBVA.
El BCE ve con buenos ojos la operación, como también ha informado este medio, porque pretende promover la consolidación bancaria en toda la zona euro y porque así el Estado se diluirá en un banco más grande: ese mayor tamaño y las sinergias entre ambos, en teoría, deben incrementar la liquidez de la participación del FROB en Bankia, así como su valor (lo que permitirá recuperar una parte mayor del rescate). De esta forma, será mucho más fácil que venda, algo que lleva pidiendo años la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.
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Por tanto, solo falta el visto bueno del BBVA. Y ahí es donde cobran sentido las palabras de Goirigolzarri, que suponen una muestra de respeto hacia Carlos Torres y su consejo, pese a que todavía está controlado por el 'enemigo íntimo' de Goiri, Francisco González (forzó su salida como consejero delegado del BBVA en 2009 por atreverse a postularse como sucesor del entonces presidente).
Ese respeto -al menos formal- del presidente de Bankia no es tan exquisito por parte de las esferas políticas. Según varias fuentes del sector y del mercado, tras la formación de Gobierno se han incrementado las presiones sobre el BBVA para que acepte la operación y se avenga a negociar los términos de la misma, básicamente la prima que tendría que pagar a cambio de las sinergias que obtendría (y descontando la prima de control, ya que este sería para Goiri).
LA AMENAZA DE LA IMPUTACIÓN
Y Torres lo tiene difícil para resistirse a estas presiones. Porque el Ejecutivo cuenta con un arma de destrucción masiva que es Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado, desde donde puede promover la imputación del consejo del BBVA por el 'caso Villarejo'. Si el consejo resulta imputado, las normas del BCE exigen su renuncia, lo que brindaría la ocasión de oro para la fusión. Con esa espada de Damocles encima, la presión puede ser asfixiante.
Claro que tampoco se puede garantizar que se vaya a producir esa imputación porque la última palabra la tiene el juez Manuel García Castellón. Pero se antoja complicado que no la conceda si la pide la Fiscalía y a la vista de los pasos que ha dado en la instrucción: el propio banco ya está imputado como persona jurídica.
