El Gobierno prepara una batería de ayudas destinadas al sector de la hostelería, uno de los más afectados por la crisis sanitaria del Covid-19 ante el cierre de establecimientos por el incremento de los contagios y el aumento de las restricciones de movilidad.
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El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es el que está liderando los trabajos para concretar este plan de apoyo a bares y restaurantes y coordinando a otros ministerios implicados.
Según informa este jueves el diario 'El País', el Ejecutivo ya dispone de propuestas en firme con medidas económicas, fiscales y financieras y ha acelerado la definición de esos apoyos, por lo que no descarta trocear el plan para aprobar un primer balón de oxigeno cuanto antes.
Entre las posibles medidas a implementar destacan bonificaciones y exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social y una ampliación de carencia y del plazo de amortización de los créditos ICO, así como acciones para poder renegociar los alquileres.
Con estas medidas, el sector hostelero, que ha solicitado ayudas directas por valor de 8.500 millones de euros, tomaría aire para hacer frente a la "dramática" situación por la que atraviesa debido a los cierres impuestos para frenar el Covid-19 y conseguiría garantizar su supervivencia.
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De hecho, Hostelería de España, junto con Hostelería Madrid, la Asociación Madrileña de empresas de restauración (AMER) y Marcas de Restauración, han registrado este jueves un escrito dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, con el objetivo de solicitar un plan de apoyo con medidas reales que permitan la supervivencia de los empleos y las empresas de la hostelería.
Los datos que arroja la crisis provocada por la pandemia han supuesto, hasta el mes de octubre, el cierre 65.000 negocios hosteleros, la pérdida de 350.000 puestos de trabajo y una caída superior al 50% de la facturación respecto a 2019.
La extensión en el tiempo de la pandemia y el debilitamiento de las empresas hace que las medidas articuladas, como los ERTEs y préstamos ICO ya no sean suficientes, según el sector, que cifra en 8.500 millones de euros el importe en ayudas directas necesario.
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"Existen otros modelos posibles, como la apuesta por planes y fondos con ayudas económicas directas y a fondo perdido, que ayudan a sobrevivir a sus industrias de hostelería y turismo, que están aplicando otros países de Europa como Francia o Alemania. O, sin ir más lejos, en España estamos viendo en sitios como Baleares o Madrid que funcionan modelos que compatibilizan la contención de la pandemia con el desarrollo de las actividades económicas de nuestro sector", ha señalado el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.
"PLAN ESTRUCTURAL Y VALIENTE"
"Es necesario un plan estructural y valiente que revierta la tendencia a la que nos dirigimos", añade Yzuel. El 31 de diciembre, si no se toman medidas de apoyo necesarias para el sector, esta crisis podría suponer el cierre de un tercio de los establecimientos, hasta 100.000, y la pérdida de entre 900.000 y 1,1 millones de puestos de trabajo, entre directos e indirectos, según las previsiones en el peor de los escenarios.
Entre las propuestas presentadas por la hostelería destacan la aplicación de ayudas directas, a fondo perdido, para la supervivencia de las empresas y los autónomos durante los periodos de estado de alarma/pandemia, así como de fondos europeos.
A ello se suma la definición de un Plan Estratégico de la Gastronomía de España, el impulso de un Plan de Formación específico para la mejora de la gestión económica y la profesionalización del sector hostelero y turístico; la moratoria automática, con ampliación de los periodos de carencia de la devolución de los principales de los créditos, durante todo el tiempo que perduren el estado de alarma o la declaración de pandemia; la modificación de la regulación de alquileres y derogar la cláusula de los ERTEs con relación al mantenimiento del empleo en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad.