El Gobierno ha calculado un coste provisional de 302,7 millones de euros por el rescate de la autopista radial de peaje AP-7 Circunvalación de Alicante, una de las nueve autopistas que quebró durante la crisis financiera y que actualmente gestiona el Estado.
Esta cantidad es ligeramente inferior a los 308 millones de euros que calculó el pasado mes de octubre, tras restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todavía requiere la infraestructura, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones y los importes necesarios para que la Administración se haga cargo de futuros pagos.
En este sentido, la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que es el importe que debe pagar el Estado a los concesionarios de las vías por la inversión realizada en su construcción que aún no habían amortizado, asciende a 317 millones de euros.
Esta cifra valora las obras en 277 millones y las expropiaciones en 74 millones, a lo que se resta las inversiones necesarias de 18 millones, las indemnizaciones pagadas de 16 millones y la retención provisional de 14 millones para hacer frente a situaciones pendientes, lo que resulta en 303 millones.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana inició el pasado 22 de julio el trámite de audiencia necesario para llevar a cabo esta liquidación provisional y, tras un plazo de 15 días, analizará las alegaciones recibidas para proceder a dictar la resolución que determine la RPA.
El Departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez defiende en un comunicado que este último cálculo ya ha tenido en cuenta las últimas sentencias del Tribunal Supremo que cuestionaba la fórmula aplicada para determinar el coste final. No obstante, el cambio ha minorado la factura en cinco millones de euros.
RESTO DE AUTOPISTAS RESCATADAS
La circunvalación de Alicante fue construida por una concesionaria integrada por ACS, Abertis y Globalvía. Se trata del segundo rescate más caro de todos los comunicados hasta ahora para las nueve autopista que quebraron, tras los 411 millones ya abonados por la AP-36 Ocaña-La Roda (Albacete), que construyeron Ferrovial y Europistas.
En el resto, asciende a 283 millones por la autopista AP-7 Cartagena-Vera (Globalvía y Ploder), a 119 millones por las radiales de R-3 y R-5 (bajo una única sociedad constituida por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia), a 53 millones de euros por la AP-41 (Isolux Corsán, Comsa, Sando y Azvi), a 46 millones por la M-12 (OHL) y a cero euros para la R-4 (Ferrovial y Sacyr). La R-2 todavía no ha obtenido su RPA.
Los contratos fueron resueltos por un acuerdo del Consejo de Ministros en julio de 2018, ordenando al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que tramitara el expediente de liquidación del contrato. Ese año, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa) asumió la explotación de estas carreteras.
Por otra parte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana inició la incautación de las fianzas de explotación de las sociedades concesionarias de estas nueve autopistas, un importe que asciende a 120 millones de euros y que aminorará la factura del Estado por este rescate.
En total, la factura que supondrá a las arcas públicas el rescate de las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis no podrá superar los 3.305 millones de euros, según la fórmula que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros y que quedó publicada el Boletín Oficial del Estado (BOE).
De su lado, los fondos de inversión que asumieron la deuda financiera de 3.700 millones de euros que soportaban las nueve autopistas defienden que las facturas provisionales calculadas por el Gobierno "no se ajustan a derecho", ya que estiman costes que el Estado ya ha cobrado con anterioridad. Todo se está dirimiendo en los tribunales.
