El Gobierno ha aprobado la ampliación de la protección a empresas estratégicas españolas hasta el 31 de diciembre en el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves. Esta reforma de la normativa sobre inversiones exteriores tiene el objetivo de impedir que empresas o inversores de otros países puedan hacerse con el control de entidades españolas de sectores estratégicos aprovechando la caída de su cotización por la pandemia del Covid-19.
La petición ha salido del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y, según María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, se pretende garantizar que este tipo de compañías tengan "seguridad y no haya un intento de compra por parte de entidades extranjeras aprovechando la coyuntura y las circunstancias", que se puedan percibir como una "debilidad".
El pasado mes de marzo, en pleno confinamiento para frenar la pandemia, el Gobierno aprobó un blindaje para proteger a las empresas españolas de inversores extracomunitarios aprovechando el desplome de su valor en Bolsa.
Semanas después, el Ejecutivo extendió esta restricción también a las adquisiciones realizadas por inversores residentes en países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, siempre y cuando dichos inversores estuvieran controlados por entidades residentes fuera de ese ámbito territorial. Con ello, se trataba de evitar que un tercero creara una sociedad vehículo para invertir por cuenta de otro.
