La política del Gobierno de favorecer los ERTE masivos y prohibir los despidos durante el estado de alarma se ha encontrado un enorme problema: el día después. Es decir, cuando vuelvan a la actividad todas las empresas que logren sobrevivir al confinamiento, no van a poder absorber a todos los empleados que tenían antes de la crisis en un contexto de enorme incertidumbre sobre la recuperación. La ministra de Trabajo se ha dado cuenta, pero no tiene claro qué va a hacer.
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La medida de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo), como todas las del Ejecutivo en esta crisis sanitaria, se ha tomado a salto de mata, está llena de contradicciones y no tiene en cuenta la falta de medios para ponerla en marcha, ni sus consecuencias. Hemos tenido ejemplos esta Semana Santa, como el olvido de aprobar el aplazamiento de impuestos para pymes y autónomos, el retraso sine die de la moratoria de la Seguridad Social o la ampliación de los avales del ICO después de decir que apenas se habían utilizado.
Por esta forma de legislar, se han colapsado los servicios de empleo, donde los funcionarios no tienen claros los criterios que deben aplicar. Así, se están rechazando muchas solicitudes, porque se consideran que son por causas económicas derivadas del coronavirus y no por fuerza mayor derivada del coronavirus, que no son lo mismo y tienen ventajas muy diferentes (los primeros implican el ahorro de la Seguridad Social y los segundos, no). El colmo fue que se aceptara la de Iberia y se rechazara la de Iberia Express. Y también por este colapso, muchos trabajadores afectados no cobrarán un euro en abril y tendrán que esperar a mayo.
Pero ahora llega un nuevo contratiempo derivado no solo de esa improvisación, sino también del desconocimiento del funcionamiento de la economía; "parece que el Gobierno piensa que la economía tiene un botón de On/Off, que si lo aprietas se para y si lo vuelves a apretar se vuelve a poner en marcha como si nada", opina un analista macroeconómico. Siguiendo el símil, darle al off ya ha generado todos esos problemas y ahora vienen los derivados de intentar darle al on.
LA ECONOMÍA NO VUELVE A LA NORMALIDAD DE UN DÍA PARA OTRO
Porque, piense lo que piense el Ejecutivo, la economía no se pone en marcha de inmediato ni recupera el ritmo anterior al parón enseguida. Las empresas no volverán a la normalidad el día 26 de abril (o cuando acabe el estado de alarma) como si no hubiera pasado nada después de paralizar casi por completo (o sin casi) su actividad.
Al contrario, Necesitarán bastante tiempo para ver cómo responden sus clientes y su demanda, y así poder ajustar sus gastos a los ingresos esperados, que inevitablemente van a ser más bajos a los previos a la crisis. En consecuencia, no podrán asumir el primer día de golpe a todos los empleados que han tenido que meter en un ERTE. Tendrán que hacerlo de forma escalonada.
Porque, si se les obliga a asumirlos de golpe, no les quedará más remedio que pedir un segundo ERTE -donde los trabajadores perderían los beneficios actuales- o asumir el coste de despidos improcedentes, ya que acogerse a el expediente temporal implicaba un compromiso de no despedir en seis meses (que esa es otra: no se especifica en ninguna parte cómo debe cumplirse ni las consecuencias de no respetarlo). Unos despidos masivos que sin duda van a llegar por parte de aquellos que no se han acogido al ERTE precisamente para esquivar esa obligación o a los que el Gobierno se lo ha negado porque no entraban en las causas de fuerza mayor.
En vista de este panorama, sindicatos y empresarios empezaron a alertar al Ministerio de Trabajo. Y el viernes pasado, su titular, Yolanda Díaz, se cayó por fin del guindo y anunció que va a estudiar la posibilidad de ampliar los beneficios de los ERTE más allá del fin del estado de alarma, después de haberlo descartado una semana antes. Eso sí, solo para los de fuerza mayor, de los sectores más afectados (comercio, hostelería y turismo) y de tamaño más pequeño. Algo es algo, pero no deja de ser una medida temporal -veremos cuánto se alargan, si es que al final lo aprueban- y parcial.
EL EMPLEO PAGARÁ LA POLÍTICA DEL GOBIERNO
Es evidente que no hay una varita mágica y que habrá una fuerte destrucción de empleo por esta crisis en todos los países; solo que en España, como pasa siempre por nuestros desequilibrios y nuestra estructura productiva, será mucho mayor. Pero también se podían haber tomado medidas menos traumáticas para la economía si se hubiera actuado antes y con más medios contra la enfermedad, como han hecho otros países que ya están saliendo gradualmente del confinamiento.
Y también se podían haber adoptado medidas mucho más eficaces de ayuda a las empresas para preservar el empleo en vez de gastar el grueso del dinero en subsidios y ayudas para los que lo pierdan. E incentivarlas para mantenerse abiertas en lugar de obligarlas a cerrar. En vez de meros aplazamientos y créditos para poder pagar impuestos y cotizaciones (aquí hemos llegado al absurdo de que el Estado avala créditos para pagar al Estado), se podrían haber suprimido durante el confinamiento. O haber puesto en marcha un programa de subvenciones para los que mantengan los puestos de trabajo. O bien haber optado por otras figuras más eficaces que los ERTE (hay países donde el Estado se ha hecho cargo de los salarios directamente). Había muchas posibilidades.
Pero no se han adoptado. Y por eso, ahora salir de este atolladero va a ser mucho más complicado y costoso -tanto en dinero público como, sobre todo, en puestos de trabajo- que si se hubieran tomado medidas acordes con el funcionamiento real de la economía y no con cómo cree Podemos que funciona.
