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El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este viernes que el Gobierno está estudiando los detalles sobre cómo realizar la financiación específica de la compra de hasta el 10% de Telefónica por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en paralelo a las negociaciones sobre los Presupuestos para 2024.
"Es una operación que se decidió hace pocas semanas y estamos estudiando los detalles", ha asegurado Cuerpo en declaraciones a 'Bloomberg TV'.
El ministro ha añadido que este análisis se está haciendo en paralelo a la negociación de los Presupuestos para este año.
En este sentido, ha remarcado que el Gobierno español tiene "mucha confianza" en sacar adelante la Ley Presupuestaria y ha subrayado que "todos los esfuerzos" que está realizando desde que arrancó la segunda legislatura van orientados a aprobar la ley de Presupuestos para 2024.
Ésta, ha resaltado, será fundamental para cumplir los objetivos del Gobierno español de acabar 2024 con un déficit presupuestario del 3%.
El pasado 19 de diciembre, el Consejo de Ministros ordenó a la SEPI, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, la compra de hasta un 10% del capital social de Telefónica con el objetivo de proporcionar a la operadora española una mayor estabilidad accionarial y contribuir a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas.
"SEPI procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario", dijo entonces el Gobierno.
"La presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales", señaló hace unas semanas el Ministerio de Hacienda.
El Gobierno argumentó en diciembre que la entrada en el capital de la compañía de telecomunicaciones iba en la línea de la de otros países europeos, pues Alemania participa en el capital de Deutsche Telekom; Francia, dispone en el de Orange; e Italia adoptó el pasado verano un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia.
La decisión del Gobierno español de entrar en Telefónica se produjo unos meses después de que la 'teleco' saudí STC -controlada en un 64% por el Gobierno de Arabia Saudita a través del fondo soberano PIF (Public Investment Fund)- irrumpiese de forma sorpresiva en el accionariado de Telefónica con un 9,9% del capital social de la compañía.
Esta operación, que se fraguó sin que la dirección de Telefónica estuviese al tanto, consistió en la adquisición de un 4,9% de acciones de forma directa y de un 5% mediante derivados financieros.
La normativa vigente en España en materia de inversiones extranjeras en empresas cotizadas estratégicas recoge que el Ejecutivo tiene que dar permiso a los inversores extracomunitarios que pretendan adquirir más del 10% de una sociedad de este tipo.
Sin embargo, este umbral se rebaja al 5% en el caso de empresas con intereses en el ámbito de la defensa nacional, como es Telefónica.
Cuando se complete la compra del 10% de Telefónica por parte de la SEPI, la sociedad estatal se convertirá en el principal accionista de la operadora, por delante de STC y del núcleo estable de accionistas de Telefónica, formado por BlackRock, BBVA y CaixaBank.
Cuando la SEPI adquiera el 10% de Telefónica tendrá posibilidad de adquirir un asiento en el Consejo de Administración de la compañía.
El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, dijo ayer en el transcurso de la rueda de prensa de presentación de los resultados de la operadora, que no había novedades sobre la decisión del Gobierno de entrar en la compañía y afirmó desconocer los planes del Ejecutivo. "No sabemos cómo se articularán esas compras", dijo. Pallete añadió que STC no ha solicitado, por ahora, un asiendo en el Consejo de Administración, a la espera de que el Gobierno español se pronuncie formalmente sobre su entrada en el capital.
