El Gobierno y las grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola y Naturgy- han puesto sobre la mesa en la reunión mantenida este lunes un cierre "escalonado" para las centrales nucleares en España, que será abordado "central por central", aunque de tal manera que nunca se produzca el cierre para ellas antes de 2025, pero con un horizonte para la clausura de 2035 o 2036, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras del encuentro.
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La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mantenido una reunión al máximo nivel con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, con el fin de abordar el futuro apagón nuclear.
Las mismas fuentes indicaron que la reunión ha sido positiva, ya que ha permitido avanzar en diversos temas referentes a cómo se deberá afrontar esta 'hoja de ruta' para las nucleares.
Este 'cara a cara' entre el Ejecutivo y las grandes eléctricas ha tenido lugar a las puertas de la reunión convocada para mañana por las tres compañías, como socios en Almaraz, para poner sobre la mesa el futuro de la central nuclear extremeña, cuyo plazo para solicitar una prórroga del permiso de explotación del primer grupo expira el próximo 31 de marzo.
ALMARAZ SEGUIRÍA ASÍ OPERATIVA MÁS ALLÁ DE LOS 40 AÑOS
No obstante, la decisión de no abordar el cierre para las nucleares antes de 2025 permitiría a Almaraz seguir operativa más allá de su periodo de vida útil de 40 años, que se cumple en 2023, en el caso de su primer reactor, y en 2024, en el caso del segundo.
De esta manera, es más que previsible que la reunión prevista para este martes entre las tres grandes eléctricas para abordar el futuro de la central extremeña -participada por Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%)- no tenga finalmente lugar.
DECISIONES POR "MAYORÍAS RAZONABLES" MÁS QUE POR UNANIMIDAD
Asimismo, en la reunión al máximo nivel de este lunes se ha puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar la normativa actual que obliga en las sociedades que controlan las nucleares, como agrupaciones con la categoria de interés económico (AIE) que son, a tomar las decisiones por unanimidad, lo que ha conducido a una situación de constante bloqueo ante los intereses enfrentados entre las propietarias. A este respecto, se apuesta por hacer imperar para tomar las decisiones las "mayorías razonables".
Además, se ha considerado que cualquier decisión que se adopte sobre el futuro del parque nuclear sea revisado y supervisado por Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar el desmantelamiento de las plantas y la gestión de sus residuos.
Enresa cuenta actualmente con un fondo de algo más de 5.000 millones de euros para afrontar esta labor, aunque esta cifra no será suficiente para cubrir los costes del desmantelamiento de todo el parque nuclear.
El encuentro de este lunes ha sido el primero en el que el Ministerio se sienta a la vez con las tres grandes eléctricas del país, ya que anteriormente se habían mantenido otros encuentros, aunque por separado, para poner sobre la mesa el cierre de las centrales nucleares en España, cuya vida útil expira entre 2023 y 2028.
PENDIENTES DEL PLAN NACIONAL DE ENERGÍA Y CLIMA
La reunión se ha producido en un momento en el que todavía no se ha desvelado uno de los grandes interrogantes que marcarán los pasos a seguir en los próximos años en el sector energético español: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
En un principio, estaba previsto que el Gobierno hubiera presentado su documento a Bruselas antes de finales de 2018, aunque ganó tiempo para hacerlo con este 2019 ya iniciado y, previsiblemente, no lo hará hasta la próxima semana.
DIFERENTES POSTURAS
En el caso de Iberdrola, la energética ha venido proponiendo para la generación nuclear en España varias actuaciones, entre ellas, la planteada al Ministerio para la Transición Ecológica de una modificación normativa que permita solicitar la renovación limitada, hasta un plazo de 40 años de funcionamiento, sin perjuicio de eventuales renovaciones en el futuro.
Con esta modificación, la compañía considera que el Gobierno dispondrá de mayor margen de maniobra para precisar la política energética y el papel de la energía nuclear durante la transición hacia un 'mix' donde la energía renovable sea mayoritaria.
Iberdrola, que subraya que la política energética del país debe ser definida por el Gobierno, asume que la aportación de las nucleares, como energía de transición hacia su cierre ordenado, se establezca con criterios razonables y no discriminatorios entre empresas, ni entre las distintas comunidades autónomas en las que están localizadas las centrales.
Por su parte, Endesa ha reiterado su apuesta por mantener la operación de las centrales nucleares a largo plazo, en adecuadas condiciones de rentabilidad y asegurando siempre que estas instalaciones cumplan los más elevados estándares de seguridad establecidos en la regulación nacional e internacional.
La eléctrica presidida por Borja Prado defiende así alargar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años para garantizar la transición energética a 2050, ya que no hay otra alternativa que garantice la seguridad de suministro, un precio competitivo de la electricidad y ayude en el cumplimiento de los objetivos de emisiones.
En el caso de Naturgy y EDP España, se mantienen a la expectativa respecto al acuerdo al que lleguen las dos grandes eléctricas respecto al futuro de las centrales nucleares, como participantes mayoritarios en las sociedades que agrupan estos activos.
