Las medidas económicas que ha ido tomando el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde que decretó el estado de alarma nos sólo están centradas en la gestión del coronavirus y de la crisis económica que también ha desatado. Los últimos decretos también incluyen medidas que están marcadas por la exigencia del calendario y que habrían conllevado decisiones aunque el país estuviera en una situación normal. Una de ellas tiene que ver con el sector energético, en concreto, con el renovable.
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El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes incluye una renovación del acceso a la red de centenares de instalaciones de energía renovables, sobre todo, eólicas.
El decreto hace referencia a la Ley del Sector Eléctrico aproabada en 2013. Esta señalaba el pasado 31 de marzo como fecha de caducidad de permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas otorgados entonces, hace siete años.
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DOS MESES ADICIONALES TRAS EL ESTADO DE ALARMA
Esta fecha límite se ha visto alterada por la suspensión de plazos prevista en el Real Decreto de declaración del estado de alarma que, a su vez, dispone la reanudación del cómputo de los plazos una vez concluida esta situación de excepcionalidad, según recoge lo aprobado en Moncloa el pasado martes.
El decreto “dispone un plazo adicional de vigencia de estos permisos de dos meses, contabilizados desde el fin del estado de alarma, al objeto de que los sujetos afectados dispongan de un tiempo suficiente de readaptación a la nueva situación”.
El Ejecutivo entiende que debe “dotar de seguridad jurídica tanto a los promotores de proyectos de generación eléctrica titulares de dichos permisos, de los que dependen cuantiosas inversiones imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos de penetración de nuevas energías renovables, como a los gestores de las redes eléctricas responsables de la concesión de los citados permisos de acceso y conexión”, reza el documento, que aún debe ser refrendado por el Congreso de los Diputados.
No es la única medida del sector que se retomará una vez se recupere la normalidad. Antes del estallido de la pandemia, una de las prioridades del Gobierno, para sus 100 primeros días, era la redacción de una nueva Ley de Cambio Climático. Ese texto iba a estar redactado antes de que concluyera marzo. Hoy, sus plazos son una incógnita.
